No habrá pacto nacional por la educación. Ni por el mercado laboral. Tampoco para la reforma de la Administración. Y que nadie lo espere ninguno de los asuntos clave que marca el devenir colectivo e individual de cada ciudadano: lo que no se pacta es una metáfora de la política mentecata que tenemos. Termina haciéndolo todo tarde, a solas, mal, a medias, con cambalaches; como un condenado en el cadalso gritando su contrición antes de irse al infierno con cargo de conciencia.

Lo que sí se acuerda también retrata. Aún más, incluso: los procesos de fusión de las cajas de ahorro y la nueva ley que gestione el sector. Esto es, con menos circulonquios, la eliminación de las huellas del propio crimen y la sustitución del burgomaestre de cada cortijo: hasta ahora lo ponen los presidentes autonómicos; en adelante quieren hacerlo Zapatero y Rajoy.

La Caja de Castilla-La Mancha ha dejado un agujero cuya prospección necesita de algo más que economistas: habría que buscar alguna lumbrera en astronomía y el telescopio perdido por Canarias para sondear en el fondo y entender la cadena de explosiones, contracciones y deyecciones ocurridas allá donde la luz no alcanza. Pero nadie ha ido a la cárcel, ni ha dimitido, ni se ha sentado al menos en un tribunal para dar explicaciones.

En la Comunidad de Madrid se pacta poco y se grita mucho, haciendo carne el tópico del español bajito y cabreado; pero el PSOE sí ha sido capaz de firmar dos acuerdos distintos en Cajamadrid: le valía el vicepresidente Ignacio González; y le valió el ex director del FMI. En ambos casos con el respaldo de los dos sindicatos, a quienes cabe reconocer su habilidad para transformar en un asunto de estado una mera cuestión de dinero.

Básicamente, puede establecerse una conclusión: el PSOE y el PP son bien capaces de entenderse en todo aquello que renueve, consolide, sostenga o mejore sus intereses personales. Y no lo son cuando los intereses son externos; esto es, de todos los demás.

En dos largos años de crisis se ha puesto en solfa el empleo de 4,6 millones de personas; la existencia de 140.000 empresas; la edad de jubilación de 14 millones de trabajadores; el futuro de las pensiones o el acceso al mercado laboral de todo aquel con menos de 20 años y más de 45: en ninguno de esos epígrafes aparece ninguno de los responsables de impulsar, consensuar, modelar o cambiar alguna de las leyes, normas, decretos o reglamentos que, tal vez, pueden invertir la tendencia.

Pero nada se ha pactado, salvo los derechos propios, en una paranoica perversión de las responsabilidades básicas del ejercicio político: en lugar de buscar soluciones para los problemas de todos; busca problemas a todos para garantizarse las soluciones propias.

La estafa legalizada por la retórica alcanza su cénit con un último invento: achacar la crisis a inexistentes manos invisibles mientras la mitad de los organismos públicos que sí regulaban y tutelaban la nada nada libre y muy oligárquica manaza que ha causado el desplome (¿Acaso hay algo más regulado que el urbanismo, el precio del dinero y la energía?, ¿Dónde estaban los Bancos Centrales, la CNMV, la laya de ministerios, concejalías y consejerías del ladrillo y el suelo?) escurren el bulto y buscan, con la complicidad de la justicia y el amparo de las instituciones, un culpable extracorpóreo que cargue con el cadáver propio. El crimen perfecto: la víctima es el asesino.