Ésta es la cuenta: en España hay 14 millones de personas trabajando en la empresa privada y otros 25 entre parados, pensionistas o niños que dependen de los anteriores: otros tres millones se sitúan entre medias de ambos colectivos; pues de un lado cobran de los primeros, en su calidad de funcionarios, liberados sindicales o cargos públicos; y de otro atienden a los segundos; en su condición de bomberos, enfermeras, jueces, soldados, maestros o bedeles.

La esperanza de vida ronda ya los 80 años, y el reparto y gestión de los recursos públicos depende y se encauza de unos pocos factores sencillos de medir: el sistema fiscal, que es la herramienta para redistribuir la renta en el ámbito individual y dotar al Estado en sus tres ámbitos administrativos del dinero con el que atender sus responsabilidades a través de la inversión, las transferencias y el gasto corriente; y la capacidad de endeudarse para sostener el sistema cuando los ingresos son inferiores a los débitos.

Todo esto son datos, que a grandes rasgos y a falta de matices, confirman un escenario económico determinado en el que un Gobierno, central, autonómico o municipal, simplemente opera con un margen estrecho, el contable, y unos requisitos formales predeterminados, contenidos genéricamente en la Constitución y desarrollados por las leyes emanadas del poder legislativo. La regla de tres, en fin, o la cuenta de la vieja, siguen sirviendo a efectos de entender qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y qué límites no se pueden traspasar.

En teoría, al menos: la política ha descubierto que, al circunscribir su radio de acción al plazo corto que dibuja la separación entre dos elecciones, su discurso debe obviar las consecuencias y efectos de lo que se decida más allá de cuatro años.

Actúa, piensa, decide y prevé sin vislumbrar nada más que el siguiente reto en las urnas, ignorando la evidencia de que hay vida más allá de los comicios, más allá de la victoria o más allá de la derrota.  Si el presidente del Gobierno, cualquier presidente y cualquier Gobierno, fuera el protagonista de la célebre serie ‘Perdidos’, se comería los escasos víveres en dos días y vendería a sus compañeros de extravío la idea de que puede hacer lo mismo sin explicarles las dificultades futuras de la alicaída despensa.

Se transforma así una discusión sobre posibilidades materiales en un debate semántico sobre principios, con trucos retóricos de preescolar que sin embargo convencen a la hinchada: es más sencillo y productivo proclamar reiteradas declaraciones de buenas intenciones para el prójimo que gestionarle su miseria con criterios de supervivencia, especialmente si en caso de victoria se conservan los resortes y en el de derrota se desaparece.

En estos últimos años España, pues, ha conformado el siguiente paisaje: vivimos mucho más y trabajan muchos menos que dependen de los anteriores; el déficit amenaza la concesión de crédito al Estado para sostenerse a sí mismo y a quienes en él viven y de lograrse es a costa de la necesidad de financiación de quienes crean empleo; consumimos a coste directo cero una miriada de servicios públicos contenidos en el sacrosanto concepto de Bienestar, que es un derecho sobrevenido de las cuentas y no emanado desgraciadamente de una ley natural; duplicamos o triplicamos administraciones y dotamos a cada una de ellas de un sistema financiero y laboral propio y no necesariamente compensando con el otro ni con el anterior ni con el siguiente; dependemos de un mercado energético exterior como pocos y exportamos menos que casi nadie; carecemos de liderazgo en nuevos ámbitos empresariales de futuro y nos hundimos en los industriales por la pujanza de un mundo nuevo y, ya puestos; nos condiciona pero no nos ayuda un mercado global, financiero o legal, que en breve revalorizará el precio del dinero cuando menos podemos pagarlo sin transmitirnos el conjunto de normas, leyes, ordenamientos o discursos que más allá de los Pirineos ha comenzado a revertir la crisis.

Mientras se siga formulando la pregunta incorrecta, por ejemplo sobre  la edad sensata de jubilación -¡mejor a los 58!-, se estará esquivando la cuestión de fondo, cada día más inevitable. ¿Y si mañana no tiene médico ni profesor ni universidad ni pensión ni subsidio ni trabajo ni casi de nada?

El incauto que siga creyendo que esto depende la voluntad de Zapatero, o de la falta de ella de Díaz Ferrán; o de los planes ocultos de Rajoy o los visibles de Cándido Méndez estará más cerca que nunca  de llevarse una de esas sorpresas que invierten el sabio consejo de Sun Tzu: en este caso, esquivar la guerra propia adhiriéndose a caducos placebos es una invitación directa a una derrota sin haber combatido mientras el líder espiritual, que le prometía un edén y le decía que era suyo sólo por merecerlo, se queda en paños menores y declama el muy quevediano "para lo que me queda en el convento...".