No se puede legislar a golpe de emociones, pues ello conduciría a una eterna reforma alejada del sentido común, el sosiego y la utilidad: si algo enseña la vida es que cada día puede superarse la crueldad, sevicia y originalidad  precedente en el ámbito del delito y el delincuente y que, en consecuencia, toda novedad quedaría rápidamente superada por los acontecimientos y necesitada de un nuevo cambio.

Lejos de paliar, contener o responder a la barbarie, quedaríamos atrapados en una espiral de polémica, debate y reestructuración de leyes y servicios si nos dejáramos caer por la pendiente  de los sentimientos.

Dicho lo cual,  sí se pueden y deben aprovechar los sucesos que conmueven a la opinión pública para, con la debida tranquilidad, reflexionar en voz alta sobre las herramientas necesarias para combatir esa lacra: malo sería remover el Código Penal con cada andanza del ‘Rafita’ de turno; pero peor sería no hacer nada una vez constatado que, tras la horrible excepción, puede esconderse una laguna estructural.

En ese sentido, el debate abierto desde la Comunidad de Madrid para instar al Gobierno Central a remodelar la Ley del Menor parece oportuno y, sin duda, responde tanto a un clamor social cuanto a una necesidad colectiva: es éticamente imprescindible pararse en la edad del delincuente, pero nunca antes de reparar en la magnitud del delito, tal y como ocurre ahora.

No tener en cuenta si un asesinato está cometido por un chaval de 16 años es un error, tal vez, pero obviar el crimen en sí es un acto de irresponsabilidad que hay que atajar. En no pocos país europeos de una gran tradición democrática el tratamiento penal de determinados delitos apenas se fija en el DNI, desde la certeza de que su gravedad exige una respuesta penal contundente.

Otra cosa son los menores de 14 años y otra más la reincidencia en pequeños delitos cometidos por  adolescentes o jóvenes por debajo de la mayoría de edad: aquí hay que extremar las cautelas, incentivar la reinserción, analizar qué recursos hacen falta en el entorno del menor para concederle una oportunidad y crear un catálogo de condenas educativas y de servicios a la comunidad que compense los desperfectos causados.

Sólo estableciendo una respuesta a la altura del pulso que constituyen las atrocidades puede hacerse auténtica justicia y evitarse, de paso, la terrible tentación social de echarse al monte con peticiones tan inquietantes como la de la cadena perpetua. Si la sociedad percibe que el Estado responde con prontitud y energía a desafíos que ahora crean indefensión, probablemente no se dejará llevar nunca por afanes justicieros.