Encuestas electorales. Cuando Rajoy decía lo que pensaba, perdía Elecciones. Ahora que no sabemos bien qué quiere ni qué haría, supera a Zapatero en valoración y su partido le saca 5 puntos al PSOE. Cuando Zapatero no hacía nada pero decía mucho, ganaba Elecciones y gozaba de una saludable valoración popular: ahora que reconoce lo que pasa y sugiere medidas, se desploma.

Huelga general. Los sindicatos se resisten a convocarla. En todas las anteriores, con Felipe González y Aznar, había menos paro y nunca se combinaron con tanta intensidad las adversidades económicas y la previsible doble reforma laboral y del sistema de pensiones. En los últimos años han crecido de forma espectacular los fondos y subvenciones a las centrales y a la Patronal: es un dato, el juicio luego es libre.

Paro. En España hay más de cuatro millones de desempleados y se han cerrado, en pocos meses, 140.000 empresas. En esa estadística no figura ningún empleado ni cargo ni representante sindical del ámbito público, que cobran sus salarios del resto de la menguante población activa que no está en el paro. Sin embargo, la reforma laboral no les afectará.

Una paradoja. Las huelgas suelen convocarse y desarrollarse en el sector público y la Administración, donde también se producen constantes tensiones en la negociación colectiva que suelen desembocar en una elevación del gasto que soportan directa e indirectamente los ciudadanos con sus impuestos y renta. El que puede ser despedido no suele hacer huelga: el que nunca lo será y cuenta con un trabajo de por vida sin la sombra de una reforma y con la posibilidad cierta de una mejora, la hace periódicamente.

Una imagen, o una metáfora, extraída del gran diario argentino Clarín

Salarios. Según el indiscutido libro La Casta del periodista Daniel Montero, los 88.000 cargos electos existentes en España suman un salario conjunto de 720 millones de euros. La cifra no incluye dietas, ni gastos extra, ni equipos ni, sobre todo, el presupuesto que arrastran en las instituciones que representan. En total, según el estudio de EAE Business School, adscrita a la Universidad Politécnica de Cataluña,  el 40% del gasto público se va en sostener una Administración que aún obliga a ir a la Comisaría a renovar el DNI y somete al contribuyente a una burocracia incesante.

Esfuerzo. En los últimos diez años se ha duplicado el esfuerzo individual de cada ciudadano en sostener al sector público, a quienes en él trabajan y a quienes los gobiernan, principalmente por la miriada de convenios colectivos firmados en cada Autonomía, Ayuntamiento y Universidad de toda España mientras el Estado miraba para otro lado: en el año 2000 cada español dedicaba a este asunto 800 euros; en 2008 ascendía ya a 1595, casi 400 más que en Alemania. El Instituto Nacional de Estadística, el  Ministerio de Economía y Hacienda o el prestigioso servicio de estudios de La Caixa confirman estos datos y añaden muchos más que consagran también la relación inversamente proporcional entre el crecimiento del sector público –no confundir con los servicios- y la riqueza de las regiones. El Nobel Krugman también lo viene explicando al menos desde 1994 en la obra Peddling Prosperity, entre otras.

Inversiones. La media de gasto en personal en las Comunidades Autónomas es del 30% del presupuesto total, que sólo dedica a inversiones algo más del 8% . Y el coste de cada trabajador es en torno a un 20% superior a la media. En países con un amplio sector público, como Noruega, se impone un coste similar y unas condiciones similares; en Francia es inferior y sólo en Holanda crece: se tienen pocos funcionarios, pero de una alta cualificación y una remuneración competitiva para no perderlos por una oferta privada.

Conclusión, subjetiva. La frase no es mía, pero la cojo prestada: “No hay que confundir el Estado de Bienestar con el bienestar de los que viven del Estado”. Tal vez las reformas tardan en llegar por una única razón: lo mismo, por vez primera, les da apuro estirar más el chicle de los 14 millones de asalariados para sostener el estatus de los 28 millones de personas restantes. En esa lista tienen que estar parados, jubilados, niños, ancianos y dependientes, pero es difícil incluir a los 3.088.000 políticos, funcionarios, liberados y demás gente de bien que, con los fríos datos en la mano, consumen bastante, devuelven poco y, de momento, impulsan reformas y piden esfuerzos que no les afectan del todo. No es la idea meterse con ellos, sino garantizar de verdad los servicios públicos en el futuro: la amenaza no está en la privatización, sino en que ésta llegue sola por el agotamiento de una teta ya exhausta que ponen trabajadores y empresarios ya extenuados.