El Gobierno ha perdido todo derecho a reprocharle a nadie que no se crea ni comparta ni  defienda ni asuma sus reformas:él mismo ha inoculado en la sociedad, con un maniqueísmo sólo superado por la irresponsabilidad, la idea de que emprender cualquier cambio en el mercado laboral, en el sistema de pensiones, en la gestión del dinero público o en las relaciones entre empresarios y trabajadores atentaba contra derechos esenciales y sólo servía para alimentar los intereses espurios de un grupo de malvados.

Que esto lo defendieran países tan distintos como Alemania, Inglaterra o Francia; lo reclamaran organismos tan técnicamente solventes como la UE o el FMI o el Banco de España y lo legitimaran eminencias tan indiscutibles como el Nobel Krugman o la totalidad de los medios de comunicación financieros no fue suficiente, hasta ahora, para que el presidente y su gabinete se dejaran de jugar a los buenos y los malos y, simplmente, hicieran su trabajo: no se trataba de presumir de principios, vendiendo la infantil idea de que todo depende de la buena voluntad del gobernante; sino de gestionar situaciones asumiendo la gravedad de la enfermedad y aplicándose en la aplicación de medidas curativas.

Esa combinación de demagogia, falsedad y criminalización bien podía haber llegado hasta las próximas Elecciones Generales, a costa de engordar el déficit y la deuda hasta
extremos insostenibles; de no ser por la reacción del espacio global en el que está España: la reacción de la Bolsa, de los bancos europeos, de los inversores extranjeros y de los organismos internacionales a puesto fin a la campaña de autobombo de Zapatero y le ha obligado a hacer lo que hasta ayer perseguía.

Seguramente esa contradicción le pasará una factura enorme al PSOE en las próximas Generales, algo que sería seguro de no estar en la oposición alguien tan poco estimulante y tan ventajista como el actual líder del PP, pero sería lamentable no apoyarlas ahora por razones tácticas: no se trata de querer o no una reforma laboral o de las pensiones, sino de aceptar que sin ella el sistema simplemente fallará. De cómo se haga, de que sea solidaria, de que esquive el maniqueísmo facilón y de que no engañe más al ciudadano dependerá su eficacia. Y España, ahora mismo, no puede permitirse ni más ensayos fallidos ni más propaganda barata.