Los periódicos devuelven estos días a la actualidad los crímenes que han atormentado a España en su historia reciente. El cruel y vil asesinato de la joven Sandra Palo en 2003 no se puede considerar saldado: el culpable está en la calle sin haberse enterado de lo que es la cárcel. Tanto que Rafael García Fernández, conocido como El Rafita, ha sido detenido en Madrid por su presunta implicación en el intento de robo de un vehículo. Que uno de los cuatro condenados por violar, atropellar, matar y prender fuego a Sandra Palo forme ahora parte de una banda delincuentes especializados en delitos contra el patrimonio y con múltiples antecedentes por estos hechos es una prueba del fracaso del sistema. Porque si se le excusa de la cárcel para que se reinserte, parece claro que no se ha logrado. Y si simplemente es que la ley se queda corta, pues habrá que volver a tocarla. 

Es cierto que las reformas legales no deben estar motivadas por un caso concreto, pero también lo es que sin estos errores que claman al cielo jamás se juntaría voluntad política para impulsar una reforma legal que exima a los delitos más graves de la manga ancha genérica que se utiliza con los menores. Porque un asesinato no se puede meter en el mismo cajón que otros delitos como el tráfico de drogas o los robos. Estos últimos deben ser punibles en todo caso pero tiene sentido que al sociedad le compense más la reinserción social del menor que, muchas veces condicionado, ha caído en esos comportamientos que un hipotético castigo ejemplar. El asesinato, y más con esos niveles de crueldad, revela que se trata de individuo peligroso que ya ha llegado al punto que se quería evitar: el de problema social. Y no se puede torturar así a las víctimas, que contemplan impotentes cómo se pasean estos asesinos, en aras de un buenismo que merece una mejor causa. 

Otro espectáculo lamentable es el que se ha producido con el caso Marta del Castillo. El cadáver de la joven no ha aparecido, por lo que resultará muy difícil condenar por homicidio a los presuntos implicados. Pero lo que añade más sonrojo al asunto es que una panda de chavales haya vuelto locos a la Policía y a los instructores del caso después de cometer el delito: dando pistas falsas, esquivando el jurado popular y aportando hasta ocho versiones diferentes de unos mismos hechos sin que esto se les haga pagar. El sistema garantista que tenemos no puede dar pie a estos desmanes, que resultan costosos incluso desde el punto de vista económico. Pero más grave es el descrédito social de la justicia, que merece un código más cuerdo. Después será tarde.