El ministro de Educación, Angel Gabilondo, cumplió su palabra y antes de terminar el año anunció, de común acuerdo con el primer partido de la oposición, que habrá Pacto de Estado por la Educación a corto plazo. Sólo se trata de una promesa, pero acostumbrados a tanta discordia y a tantos enfrentamientos infantiles, las palabras del ministro son un clavo ardiendo al que agarrarse para confiar en un cambio de rumbo para una materia clave en el futuro de la sociedad española.
 
Gabilondo ha defendido que hay cinco razones para ser optimistas para que el pacto cuaje, resumidas en la enorme demanda social, la confianza manifestada por las comunidades autónomas en que se puede lograr, la de las organizaciones de la comunidad educativa y la de los grupos políticos con representación parlamentaria, así como la “voluntad de trabajo conjunto y disponibilidad" del PP para alcanzarlo. También resultan de lo más certeras las cuestiones fundamentales sobre las que esté girando las conversaciones: la elaboración de un diagnostico sobre el sistema actual, la creación de una estructura que fije un curriculum de contenidos básicos que se aplique con carácter nacional y la apuesta por la calidad y que se reconozca a los docentes como autoridad pública. En relación con esto último, la Comunidad de Madrid será la avanzadilla con la aprobación en los próximos meses de la Ley de Autoridad del Profesorado, una herramienta que se considera imprescindible para imponer el clima de normalidad y orden que exige el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

El camino, no obstante, sera largo y exigirá de la colaboración de todas las partes involucradas en la comunidad educativa. Pero el compromiso que se han impuesto el Gobierno y la oposición representa un avance con respecto a lo que ha sido la línea seguida en los últimos lustros. Aunque en el discurso de los grandes partidos siempre se ha manifestado preocupado por la educación, no ha existido rastro de voluntad por lograr un acuerdo al máximo nivel. Y es evidente que la clase política tiene la obligación de liderar el consenso en esta materia, de la que depende mucho más que la formación cultural y técnica de nuestros escolares y universitarios: el civismo, la conciencia critica o la capacidad emprendedora son algunas de las bases de las que depende el progreso y la transformación de la sociedad. Parece que esa responsabilidad es asumida ahora sin condiciones por el Gobierno y la oposición. La oportunidad no debe dejarse escapar.