No nos engañemos: los "defensores de la libertad en internet" quieren, sobre todo, que siga siendo gratis aquello que tiene sin embargo un valor. Otra cosa es cómo se cobra, cuánto se paga o quién lo gestiona: ahí la polémica, el debate, el conflicto y la propuesta es legítima. Lo ponen fácil, además, quienes ahora lo hacen, con una mezcla de codicia económica, sandez empresarial y tibieza política.

Ése es el dedo; pero la luna es el tan humano como imposible gratis et amore, escondido en sesudos argumentos que camuflan a duras penas el  punto de partida evidente: la gente no quiere pagar por aquello que si pierde su precio, simplemente termina por desaparecer.

El debate se ha planteado como el de un elefante discutiendo con una hormiga, o un pollino con un cerdo, de modo que debamos elegir entre robar al creador o someternos al orwelliano ojo del Rubalcaba de turno, como si no hubiera más opciones: entre otras meter de una vez en la pomada a esas operadoras de telefonía que, amén de ser colaboradoras necesarias de cualquier tropelía, lo hacen con las tarifas más astronómicas de Europa pero el servicio más propio de una humilde aldea en la bella Tanzania, sin asumir una parte de la carga para el autor y restarle una porción del peso al usuario que ya paga su infame ADSL.

Hay que entender, sin más, que la propiedad privada es tal vez uno de los derechos más definitorios de una democracia auténtica, y proceder a partir de ahí con sentido común. Las leyes y los discursos intuyen que el comprador de un soporte digital lo utilizará para copiarse el último de Sabina o la penúltima de los Cohen, y aciertan en un porcentaje muy superior al que constituye el famoso canon con respecto al precio final del CD. 

Y ahora supone también, con idéntica aunque indemostrable carga de prueba personal, que una página que sirve gratuitamente series de televisión o películas de estreno tiene por usuarios a internautas que van a disfrutar de ello sin renunciar al día siguiente a cobrar la nómina derivada de su trabajo: es dudoso que pasen horas conectados a sus servidores fijándose en las calidades del diseño de la web, o por olvido mientras hacen la cena, así que resulta razonable concluir que se están bajando esos productos con otro de esos programas que sólo sirven para tal menester.

Si vuela como un pato, anda como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato, decía Walter Cronkite en mítico axioma válido también para un roto digital y un descosido cibernético. Así que menos gaitas, que el manifiesto es una engolada promoción del inexistente derecho a la apropiación indebida, y no deja de serlo por tener entre sus paladines a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 2.0, en cursi versión Connecting People.

Ni tampoco por la posibilidad de que el ladrón se crea Robin Hood y pueda serlo: hasta en la hipótesis de que la industria musical, las productoras de cine, las entidades de gestión de derechos y los políticos reguladores conformen una banda de cuatreros; el autor tendría menos derechos y su cliente más obligaciones. Otra cosa es cómo se hace eso, y ahora se hace mal: se puede discutir la envergadura; pero no el concepto.

Quizá un buen manifiesto sería, al fin, el que uniera los dos extremos de la cadena y situara en el mismo frente a creadores y clientes y en el otro a todos los demás: identificar al intermediario es una buena manera de facilitar el acuerdo entre las partes. ¿O acaso nadie se ha fijado en quién paga ahora el famoso pato de Walter?

Posdata. El Gobierno ha estado inmenso, una vez más, en la gestión del problema: ha partido de un diagnóstico equivocado para imponer unas medidas desacertadas. Sólo vale para pagar rescates, en fin. Aunque el problema no es sólo suyo, y tampoco es nuevo: el gratis total nunca ha existido, pero la burra se ha extendido. Espero que exista una buena oferta de copias legales de 'Amanece que no es poco'. Urge revisarla, que todos somos contingentes. Especialmente los ciberactivistas de sillón.