Es difícil despojar un debate tan anímico y pasional como el que precede al Estatuto de Cataluña, pero la única manera de calibrar su gravedad sin ofender a los afectados es intentarlo. Así, un hipotético ejercicio técnico, sin nombres ni siglas, concluiría lo siguiente: en una comunidad determinada se ha aprobado una norma, rubricada luego en el Parlamento, que consagra un régimen económico incompatible con el criterio de igualdad entre ciudadanos: no es una opinión, sino un hecho derivado de la evidencia de que la bilateralidad consagrada en la norma hace imposible una redistribución de la riqueza entre quienes tiene más y quienes disponen de menos.

Esta secuencia incontestable es compatible con su legalidad, e incluso con su legitimidad, y eso es lo que provoca un inmenso entuerto. Ahora sí, hay que citar a Cataluña: porque de no ser una de las tres comunidades históricas dotadas de fueros propios y de no disponer de un peso decisivo en la estabilidad de cualquier Gobierno Central, esta tensión no existiría.

Ni siquiera se hubiese llegado al Constitucional: simplemente, nadie hubiera respaldado un ataque directo a la cohesión social e individual de un país en el que todos han de disponer de las mismas oportunidades. Luego es la identidad lo que se esgrime, y no lo que se ataca, para lograr lo que para unos pocos es un derecho pero para el resto constituiría un abuso. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí?