En Dinamarca el despido es libre, pero el paro es tan bajo como alta la protección social: consideran, y el resultado les respalda, que dejar manos libres al empresario incentiva la inversión, amplía el mercado y, finalmente, garantiza una mayor protección social: al crearse más empresas con menos trabas y dejarles ampliar o reducir sus plantillas en función del rendimiento, el Estado obtiene unos ingresos fiscales mayores que le permiten garantizar un subsidio por desempleo similar al salario previo, una baja maternal tres veces superior a la española o, entre otras maravillas del catálogo asistencial, un servicio de cuidadores a domicilio para los padres que están trabajando.

La ausencia de indemnización no es relevante para los trabajadores, al no sentirse nunca despedidos: en realidad, la efervescencia empresarial consigue el efecto contrario al que la barra libre supuestamente provoca: como es muy fácil cambiar de trabajo, y como no faltan empleos, los daneses sólo se quedan allí donde les tratan como quieren, del modo que sólo hay despidos cuando no queda más remedio.

En esos casos, y a diferencia de en España o Portugal, el castigo al empresario termina en la pérdida de su inversión previa, sin condenas añadidas paradójicas: si cierra porque no tiene dinero para seguir, ¿de dónde sacarlo para pagar indemnizaciones? ¿No es bastante con perder lo arriesgado y quedarse sin manutención, al no existir obviamente ni un Fogasa danés ni un subsidio para emprendedores fracasados que hasta el día del cierre cumplieron con sus obligaciones?

Los daneses, en fin, parten de una perspectiva antagónica a la española para llegar, con mucho más vigor, al lugar que supuestamente se dice aquí perseguir: si el empresario se dedica a lo suyo; el Estado podrá ahondar en la calidad de los servicios públicos y asistenciales y el trabajador perderá o dejará quizá un empleo pero no abandonará prácticamente nunca el mercado de trabajo.

Obviamente no se pueden trasladar miméticamente soluciones idénticas en espacios  sociales, económicos y culturales tan distintos; pero el ejemplo danés demuestra al menos algo: sólo hay Estado de Bienestar cuando hay riqueza, repartida entre el capital y la mano de obra; y sólo hay empleo cuando hay empresas.

Cada país lo busca de una manera, pero sólo en España se mantienen una interesada e ignorante retórica que convierte el debate laboral en una inexistente guerra entre “cabrones y vagos”, desoyendo el peso de la estadística y el sentido común: para que casi seis millones de personas carezcan de empleo, tienen que haber quebrado 440.000 empresas. El drama es recíproco, y tiene poco que ver con la indemnización: con la más alta de Europa hasta el pasado lunes, se destruyeron más puestos de trabajo que nunca.

No se puede pedir a un empresario que mantenga sus gastos cuando se han hundido sus ingresos y no se le puede condenar, tras el óbito, a buscar los recursos indemnizatorios que de tener hubieran evitado el cierre. Quizá el ex presidente de la CEOE, el conjunto de la banca, buena parte del ladrillo y las energías y no pocas telecos se merezcan la lapidación pública por sus andanzas impresentables; pero tomar esa parte infame como el todo empresarial de España es una temeridad analfabeta: para bien y para mal, aquí tenemos Pymes casi heroicas que crear el 70% del empleo y el 70% de los ingresos fiscales y que no pueden ni deben ser tratadas como si estuvieran en el mismo epígrafe moral, económico y social que Lehman Brothers, Caja Mediterráneo o Spanair.

Aunque algunos piensen que ésta es una defensa del empresariado, que también lo es, sobre todo es una garantía para el trabajador. ¿O acaso no es mejor que se le disputen los empleadores? ¿Es razonable un espíritu laboral que anteponga la magnitud del despido a la estabilidad de la ocupación? ¿No es obvio que la depreciación de las condiciones laborales deriva ante todo de la falta de oferta y que nada invierte mejor esa tendencia que una demanda más amplia? ¿Nadie se da cuenta de que persiguiendo al empresariado como si fuera culpable de antemano se daña a los trabajadores y que esa caricatura es tan franquista como la otra que presenta a los empleados como una recua de aprovechados o de esclavos?

El paternalismo teórico que impregna la discusión sobre el mercado laboral sólo sirve para empobrecer las opciones del trabajador, desanimar al empresario y, eso sí, salvar de la quema a esa élite empresarial que nada tiene que ver con la media española  y a esos agentes sociales improductivos que cimentan en su lenguaje destructivo una viabilidad infame compuesta por subvenciones y canonjías.

Por decirlo en otras palabras, aquí hay vagos y cabrones a mansalva, pero no son ni los magníficos trabajadores españoles ni sus sacrificados empresarios: busquen en la patulea de patronales, sindicatos y partidos y darán con la respuesta correcta. Sus presuntos defensores son, en realidad, sus principales enemigos.