La huelga fue un fracaso, más allá de artificios contables previsibles de antemano, por una simple razón: casi nadie quería hacerla, y muchos de los que la hicieron fueron obligados a la fuerza. Allá donde no hubo presión, los trabajadores acudieron a su puesto. Y allá donde sí la hubo, se simuló un seguimiento en realidad inexistente.  Cerrar colegios –incluso de discapacitados–, centros de salud, escuelas infantiles o comercios a golpe de silicona es impresentable, delictivo y además contraproducente, pues debilita aún más la ya ínfima credibilidad de los sindicatos y frustra en mayor medida si cabe a esos millones de descontentos que no encuentran referencias ni en la política ni en los agentes sociales.

Si en cualquier día del año, en apenas unas horas, en Alcalá se hubieran cerrado a la fuerza más de veinte  centros educativos, casi todas las dependencias municipales, el principal medio de comunicación de la ciudad y hasta un colegio especial para discapacitados; a estas horas se habría desatado una formidable operación policial, se sucederían las comparecencias de cargos públicos de ámbito local, regional y nacional y, durante mucho tiempo, no se hablaría de otra cosa que de perseguir a los responsables, conducirles ante el juez, y hacerles pagar los desperfectos de la manera oportuna.

Que todo eso se haya producido al calor de una huelga general y que los responsables de tanto boicot sean piquetes de los sindicatos y no encapuchados clandestinos no altera el análisis ni, mucho menos, le resta gravedad. Al contrario: quienes esperan y ejercen un derecho tan delicado como el de la huelga, desde siglas con encaje constitucional y financiación pública, tienen un plus de obligación en el resto del espacio de todos y del resto de las leyes del mismo rango a la que ellos apelan.

La kale borroka es siempre kale borroka, la ejerciten unos descerebrados en nombre de Euskadi u otros apelando a los trabajadores: la violencia es aún más inquietante cuando se legitima esgrimiendo la nobleza de los principios de quienes usan la maza.

La detención de una decena de delegados sindicales, muchos de ellos del Ayuntamiento complutense, remata el despropósito, pero también aclara el camino: es incompatible, simplemente, trabajar para una institución a la que se agrede, dañando el patrimonio de los vecinos  a los que se deben y coaccionando a usuarios y trabajadores de servicios públicos. No basta con una multa o una sanción administrativa; hay que proceder a un despido fulminante y sentarlos en el banquillo para que paguen por el delito cometido.

El caso de Alcalá es una buena metáfora, distorsionada, del fracaso de la huelga y de la nula credibilidad de los convocantes: el recurso a la extorsión es una confesión de debilidad en sí misma, amén de un ejercicio de cinismo que reclama una respuesta contundente de la Administración. Tras treinta años de ejercicio democrático, es intolerable que se discuta tanto sobre el ejercicio del derecho a la huelga -tan legítimo como protegido- y no se dedique un segundo ni al derecho antagónico -a no secundarla- ni a la regulación de su ejercicio.

Hace falta una Ley de Huelga, desde luego, pero también que se apliquen de verdad las ya existentes en materia de orden público y código penal: la única manera de preservar una democracia sana es tutelar todos los derechos, sin establecer jerarquías caprichosas en función de la identidad, el carné o el ruido que haga nadie. El perfecto funcionamiento del Metro o la Sanidad en la Comunidad de Madrid es un ejemplo a seguir: no prestaron su servicio por una imposición del Gobierno regional, sino porque éste hizo algo tan sencillo y adecuado como garantizar que ningún trabajador que no quisiera seguir el paro tuviera que hacerlo por la fuerza.

Más fiasco sindical es aún cosechar este resultado en un contexto de indignación y falta de esperanza en la calle: casi todo el mundo tiene razones para preocuparse, enfadarse y protestar; pero prefiere no hacerlo si quien aspira a capitalizar esa ola es alguien que la ha creado o cuando menos la ocultó durante demasiado tiempo. Y sobre todo, que no la sufre: porque en un país que congela pensiones a jubilados, baja el sueldo a funcionarios y acumula 4,5 millones de parados; sigue habiendo decenas de miles de liberados en el sindicalismo y la política que no han perdido ninguno de sus privilegios ni se han apretado el cinturón como si lo ha hecho el resto: es vomitivo, sin más, que haya más liberados en la sanidad madrileña que diputados para toda España en el Congreso; como también lo es que se bajen las pensiones en el mismo espacio en el que proliferan televisiones públicas onerosas o embajadas en el extranjero de autonomías.

Una última sensación atestigua el desplome sindical: ni siquiera por desdeñar al Gobierno, que tampoco puede verse refrendado por mucha minihuelga que haya sido, han logrado atraer coyunturalmente a todos esos millones de españoles cansados de los errores y la inepcia del Gobierno.

En cierto descargo de los sindicatos sólo cabe decir una cosa: seguramente nadie en el actual sistema político despierte más confianza que ellos; y la indiferencia ciudadana hacia las centrales es fácil de extender a partidos políticos o patronales: La crisis económica ha sacado a flote una enorme crisis institucional que ha borrado referentes y diluido  de manera espectacular la confianza de la gente en sus administradores.

Quizá para el ciudadano común todo sea más simple: si España quiere resultados distintos, debe hacer cosas nuevas. Porque lo de ahora no funciona, y no entenderlo a tiempo puede tener efectos devastadores. Miren a Europa, de una vez, y dejen todos de tirar oportunidades y potencial por los suelos.