El Estado aprieta, pero no ahoga. Eso podrán decir muchos después del nuevo volantazo del Gobierno central: los Ayuntamientos ya no tienen congelado el crédito. Eso sí, para que les den permiso para pedir préstamos deben tener en buen estado sus cuentas. Según adelantó ayer por la tarde el Ayuntamiento. No pasan el corte Madrid y Valencia, pues el Gobierno establece que sólo se podrán entramparse los que tengan una deuda total que no supere el 75% de los ingresos liquidados.

La primera pregunta que habría que plantearle al Ejecutivo es qué podemos hacer con los Ayuntamientos que no cumplen esos requisitos. Ni sus habitantes tienen la culpa de la impericia de sus gobernantes ni se puede establecer con justicia que necesiten ese dinero menos que el resto. Muchas empresas están recurriendo a créditos para poder hacer frente a gastos corrientes o para hacer los cambios necesarios.

Lo mismo ocurre con las administraciones locales, algunas de las cuales tienen problemas hasta para pagar a sus trabajadores o cumplir con servicios básicos. Aunque a medio plazo sea una buena idea imponer rigor a los municipios, parece que hoy por hoy lo que necesitan es un poco más de ayuda. Por eso debe ser bienvenido el incremento del 9% en transferencias a las administraciones locales.  Sin embargo, lo uno y lo otro son sólo parches para una situación dura, injusta y anacrónica dentro del reparto de funciones en el país. La mala financiación de los municipios impulsó el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, pues los alcaldes recurrieron a la venta de suelo a precios altos para conseguir liquidez. Con el final del ladrillo han sido precisamente las administraciones locales las que más han sufrido.

Pero lo que el Gobierno no debería olvidar es que mientras pasaba todo esto ha negociado varios marcos de financiación distintos para las comunidades autónomas sin ser capaz siquiera de enderezar o compensar el problema de las competencias asumidas por los Ayuntamientos sin respaldo económico. De aquella desidia vienen estos lodos, que ahora intenta atajar limitando el margen de maniobra de administraciones que hasta hace un año estaban abandonadas a su suerte. Aunque sea obvio, conviene recordar que tanto engordó la deuda el dinero gastado hace cinco años como el que se está gastando ahora.

Lo que debe aclarar el Gobierno de Zapatero de una vez es dónde acaban las competencias municipales y dónde empiezan las de las comunidades autónomas. Es el único requisito para un reparto justo de las cargas y las dotaciones. Y entonces sí se podrá hacer distinción entre buenos y malos ayuntamientos a la hora de gestionar las cuentas.