En una decisión histórica, el parlamento de Cataluña dio luz verde ayer la abolición de las corridas de toros en su territorio autonómico. La controversia que ha generado esta decisión ha excedido el ámbito concreto de la afición y la ‘industria’ taurina y ha pasado a formar parte de la munición de la batalla partidista. La existencia de intereses que exceden el puro interés por la protección animal han provocado la desviación de un debate que, como todo en democracia, es legítimo.  Si lo suscita y espera una parte de los ciudadanos, lo respalda una porción de sus representantes y se encauza a través de las instituciones legitimadas para hacerlo, no hay nada que reprochar al proceso abierto en el parlamento catalán. 

Esas mismas reglas de juego son las que permiten defender argumentos en contra y cuestionar el propósito de la movilización antitaurina en la cámara catalana. Porque es evidente que los toros son un pretexto para ciertos partidos políticos que, en realidad, los rechazan por su identificación con una Nación, la española, de la que no se sienten parte. Esto también es respetable, pero no más que lamentar la sistemática persecución de todo lo que huele a España por una minoría sectaria que transforma en símbolos de separación lo que no son más que tradiciones compartidas o toleradas por casi todos. 

De ahí que deban llevar más cuidado los colectivos que sólo quieren prohibir los festejos: tal vez ése sea su único objetivo, pero han de ser conscientes de que se se les ha utilizado para una causa que no es la suya. Y aunque los partidos nacionalistas lo nieguen, con una hipocresía sonrojante, los hechos y los discursos certifican que han manipulado el tema para convertirlo en otro factor de división. 

Por otra parte, siempre es razonable plantearse  el encaje y la idoneidad en una sociedad moderna de las tradiciones más antiguos, pero desde el respeto, la responsabilidad y el sentido común con el que se suelen tratar estos asuntos en todos los países que se consideran serios. Presentado de ese modo el debate, sólo cabe una postura: como la Fiesta Nacional no es un aquelarre o una carnicería animalicida, hay que defenderla como una manifestación cultural legítima que no todos pueden apreciar pero sí es merecedora del respeto general. Y a ello cabe añadir, asimismo, que la fiesta genera unos ingresos y sostiene a un sector económico que en ningún modo hay que despreciar.  En esta tesitura, y cómo sentenció precisamente el president Montilla tras la votación, este tipo de expresiones sólo pueden extinguirse de una sola manera: cuando nadie las quiera.