La huelga salvaje en el Metro, cuya red está cerrada a la fuerza para evitar concentraciones infructuosas, constituye una agresión intolerable al ciudadano que no se puede justificar por razón alguna. Aun en el caso de que los trabajadores tuvieran razón, lo que es tan defendible como discutible, la magnitud del estropicio causado a decenas de miles de personas es superior a los efectos de la reducción salarial para un colectivo que depende de la misma Administración que se ha impuesto a sí misma esa merma de los emolumentos. 

Pero es que además de ilegítimo, es ilegal boicotear los servicios mínimos y paralizar un servicio clave que sufragamos todos y utilizan, especialmente, los trabajadores. En un país con tanto paro, ¿cómo se pretende justificar que una medida dolorosa pero no letal merece dejar en puerto a tantas personas que pelean  por mantener su puesto o encontrar uno con el que llegar a final de mes?

La desproporción entre los daños a unos y otros es tan sideral como premonitoria de la respuesta en cadena que va a sufrirse en la Administración en fechas venideras. No es obviando el contexto y despreciando a quienes más lo sufren como se legitima una causa: con estos chantajes sólo le logra el efecto contrario:  ahuyentar todo vestigio de comprensión popular y aislar más aún a quienes convocan y a quienes siguen estos sinsentidos merecedores de una respuesta institucional y legal a la altura del desafío.

La huelga es un derecho constitucional que, no obstante, carece de una ley que la desarrolle y explicite pero que, en todo caso, nunca puede anular por completo servicios públicos esenciales: el transporte lo es, y no hay ninguna razón lo suficientemente poderosa como para dejarlo suspendido y con dos millones de usuarios colgados.

Más allá de esta lectura, queda la sensación de que a una lado y al otro de la Administración no se enteran nada bien de quién está pagando de verdad la crisis: quienes sirven en ella obvian el contexto general de los ciudadanos normales; y quienes las gobiernan son incapaces de aplicarse el cuento a sí mismas y ahora padecen las ínfulas de a quienes hasta ayer se lo consentían casi todo para sostener su propio estatus.
Pero fuera de ese magma de instituciones onerosas y clientelares que convenian con dinero público casi todo con los sindicatos; hay una amplísima sociedad que asiste entre abochornada e indignada al espectáculo de pirotecnia con pólvora ajena: a nadie debería de extrañarle que, cualquier día de éstos, se convoque y triunfe una huelga de funcionarios contra los abusos y las inepcias de quienes tienen que servirles.