Si nada lo remedia, el próximo 2 de junio viviremos una huelga general parcial de los sindicatos a la que están convocados, en principio exclusivamente, los funcionarios públicos. Sin dudar del evidente disgusto de estos trabajadores, a los que se reduce el salario de manera unilateral con una decisión a todas luces dolorosa, es difícil de explicar que los mismos sindicatos que no han salido la calle con 4,5 millones de parados lo hagan para protestar por el mal menor causado a unos empleados estables: por mucho que intenten diluir la convocatoria en la defensa de otros sectores afectados por los recortes, todo el mundo va a entender que sólo han sido capaces de movilizarse por un  gremio fuertemente vinculado a los intereses de los propios sindicatos, tan respetables como escasamente acordes con el papel de agente social para todos que dicen representar: es muy válida esa función, pero sería bueno tomar nota para que en adelante se les deje de tratar como una voz autorizada para discutir de intereses generales y problemas colectivos. Cuando los sindicatos dicen estar preocupados por el futuro de la sanidad o la educación públicas, en realidad sólo utilizan tan loables inquietudes para gestionar expectativas sectoriales.

En todo caso, no es momento de huelgas generales parciales o totales que no van a arreglar nada y van a cargar de tensión a un país en una situación muy delicada al que, de entrada, no le queda más remedio que exigir más sacrificio a quienes tienen unos ingresos fijos: los empleados públicos y los pensionistas van a seguir el mismo camino, sin más, que el resto de los trabajadores cotizantes para que la población activa contribuya más al sostenimiento de la pasiva.

Sí sería bueno protestar, o coadyuvar, a que este tipo de decisiones impopulares pero inevitables se concreten con otras de carácter estructural: no tiene sentido bajar el salario a los funcionarios mientras la Administración sostiene un aparato político carísimo e inútil a la mayor gloria del partido gobernante de turno.  La única manera de entender el sacrificio particular es incluyéndole en una reforma global que reparta el esfuerzo y mejore entre todos el duro panorama: en el mismo país que no va a poder atender a dependientes impedidos y sin recursos no puede haber funcionarios en huelga por perder 60 euros al mes o unas gafas pagadas por el Ayuntamiento de turno.

 Pero tampoco puede haber una Administración ocupada por asesores con carné que hace política autonómica con dinero público; sostiene una red clientelar en universidades, regiones o municipios;  desatiende la evidente inepcia del mercado laboral; malgasta los recursos y estrangula a la población activa y a la inmensa mayoría de las empresas para mantener un modelo infumable. Una huelga para cambiar esto sería inadecuada pero decente; otra para seguir beneficiándose de ello es, sin más, impresentable.