El Gobierno ha suprimido 29 empresas públicas y 32 altos cargos: más que una medida de ahorro, es una prueba de cargo para evidenciar el abuso sostenido en la Administración, superpoblada de chiringos, inflada de amiguetes, extenuada por la inflación de gabelas donde anidan rapaces con carné incapaces de demostrar fuera lo que cuestan dentro.

El saqueo es perpetuo, y se ha lucido durante años con extrema indiscreción: la Castellana de Madrid es una especie de Las Vegas institucional con ludópatas del dinero público que, bajo los fines nobles que enuncian en sus fachadas, sólo sirven para agrandar el parque móvil a cargo del presupuesto público y para hacer feliz a la sección de tarjetas Vip del Banco de Santander.

La miriada de centros de la cooperación internosequé; de institutos de la juventud medionosécuántos; de observatorios de la violencia de miraportúpordónde y de delegaciones para la lucha contraelquémedices alcanza índices pronográficos y convive con las colas del paro como el sultán de Brunei con los pordioseros sin turbante.

Con ser grave, ética y económicamente, lo peor es el eco que alcanza el regüeldo en círculos concéntricos: hoy no hay rector ni alcalde ni presidente que no mimetice esa bulimia repitiendo en su terruño el mismo esquema. No hay Universidad ni Ayuntamiento ni Diputación que no haya encontrado en la retórica lo que no cabía en la contabilidad para dar salida a los excedentes humanos que no cabían ya en la institución, con una única virtud digan del estudio de los biólogos: su enorme capacidad de reproducción, su simbiosis con otros iguales para reforzar la indignidad con una apariencia de red internacional que echa perfume inútil en el lodo de tanto detrito.

Son, en fin, como el protagonista de Los falsificadores, un timador de la Alemania nazi que salvó su vida emulando el dólar y la libra para el Fürher: si llenaba los Estados Unidos y la Gran Bretaña de dinero falso, podría provocar el colapso de las economías aliadas.

Con este panorama, el último reflejo es el más aterrador: no puede pedir contención a los sindicatos de la Administración quien preside el banquete y reparte las raciones. La ligereza en los convenios colectivos es el precio a pagar por mantener el estatus propio: al fin y al cabo las centrales se deben a los suyos, y es comprensible que saquen el máximo aprovechando las debilidades del que paga con dinero ajeno. Para que tengas lo tuyo, danos lo nuestro.

La crisis, en fin, tiene salida, sin necesidad de que la paguen ni los 14 millones de españoles cotizantes ni los 4,6 de españoles parados: basta con que los que dicen servirnos, dirigiendo el cotarro o trabajando en él, entiendan de una puñetera vez que una cosa es el Estado de Bienestar y otra el Bienestar de los que trabajan en el Estado. El orden de los factores sí altera el producto.