Algunas paradojas del momento:

No existe unanimidad al respecto del porcentaje exacto de antitaurinos en España, pero algunas encuestas otorgan esa condición a una mayoría de ciudadanos. La cogida a José Tomás, no obstante, ha sido la noticia más leída de la semana en los periódicos digitales: en la necesidad de colmar el morbo se reconoce, un poco, la complejidad del asunto y se desecha de paso la simplificación del debate.

Los defensores del crucifijo suelen ser detractores del velo. Y viceversa. No parece detectarse demasiada coherencia en ninguno de los casos. La segunda derivada es aún más divertida: algunos encuentran en el tamaño del trapo la clave del asunto: si tapa la cara de la niña, pero no demasiado, es tolerable. La futilidad definitiva: no es una cuestión de igualdad ni de fe, sino de despliegue textil. "Sólo le di una torta, una", dicen algunos maltratadores como atenuante.

El 20-N ya no sale en los periódicos, y hay más audiencia en una conferencia sobre el ciclo reproductivo de la almeja babosa de Carril que en una concentración de Falange. Pero eso no es óbice para que se levanten barricadas y todo el mundo esté hurgando en hemerotecas y archivos para encontrar un retazo franquista propio o del rival.

Hasta El País, en una formidable serie de reportajes sobre el futuro amenazado del Estado de Bienestar, incide en la evidencia de que hay más universidades que universitarios y que esto es un atraco a las arcas públicas. Pero la Universidad de Alcalá acepta 100 millones de la Castilla-La Mancha que va en la cola del desarrollo para construir un tercer campus: las tuneladoras y las hormigoneras no son animales de compañía, pero aún así se les da de comer como a mascotas.

El Tripartito arremete contra el Constitucional. El PSOE, por interpuestos, contra el Tribunal Supremo. Y el PP contra la Policía y los jueces del Gürtel. Hay un ministro de Justicia y una Constitución, pero la verdadera ley de España tiene la firma de Groucho Marx: "Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros".

España, año 2010. 20% de paro, el mayor fracaso escolar de Europa, a la cola en investigación y desarrollo, sin ningún nicho productivo nuevo en el horizonte. Pero el gran debate sobre la educación sigue siendo si se puede estudiar o no en español en todo el país, y por cuántas horas exactamente.

Castilla-La Mancha: mi agua es mía. Cataluña: mi renta es mía. Si la caspa nacionalista cotizara en el Ibex, la crisis se borraría de un plumazo y todas las autonomías españolas figurarían en los ranking de desarrollo al lado de los lander de Hamburgo.

Zapatero no ha trabajado nunca en una empresa privada. Rajoy tampoco. Manuel Marín empezó con 27 años en el Congreso y ha esperado a los 60 para irse a Iberdrola, a ejercer en una eléctrica de Al Gore. El 95% de los políticos, en fin, ha hecho de su supuesta vocación una profesión estable. Pero son los que deben regular el mercado laboral, el modelo productivo, la composición de los Consejos de Administración y el tipo de investigación y desarrollo en España. Tocan de oído, pero a todas horas.

Rafael Díaz Usabiaga ha salido de la cárcel, en la que estaba imputado por terrorista, para cuidar de su madre. Es un fracaso doble del Estado: no sabe tratar ni a un delincuente ni a una anciana enferma. La política penitenciara es así de creativa: al lado de esto, lo de unos funcionarios invitando a güisquis a las presas parece un juego de niños.

El Gobierno es puntero en materia de libertades: memoria, fe, trato, sexos. No es baladí, pero el reverso de la moneda consagra que vale mucho para el lirili y nada para el lerele: está muy bien que los 4,6 millones de parados puedan ser ateos, laicos, víctimas y dependientes; pero estaría mejor si pudieran comer.

Quizá sean, mejor, parajodas.