España es el nuevo enfermo de Europa". Con estos términos el  prestigioso semanario británico The Economist comienza su análisis sobre la economía española en el último número del mes de noviembre, que como puede imaginarse el lector no deja muy bien parada ni a nuestra economía, ni obviamente a nuestros dirigentes, especialmente al Presidente del Gobierno al que tacha de tener su credibilidad seriamente dañada, no sólo por negarse a reconocer  la gravedad de nuestros problemas económicos durante más tiempo del deseado, sino también por la forma en que está abordando la resolución de la crisis.

Pero no quiero detenerme en cuestiones de la credibilidad de los políticos, sino en situar dentro de un escenario realista qué posibilidades tiene este “enfermo" no imaginario, sino real, que es la economía española de mejorar, hasta alcanzar un estado razonable de salud. Es decir, que volvamos a una senda de crecimiento que permita detener la “hemorragia" de un desempleo que avanza inexorable a las cotas del 20 % (¡y pensar que hace unos dos años el paro estaba sólo muy ligeramente por encima del 8 %!). Un diagnóstico sereno de la actual situación exige reconocer que la economía española se enfrenta, entre otras, a dos graves limitaciones:

1) El deterioro de las cuentas públicas, que en el corto plazo de tiempo de dos años ha pasado de un superávit superior al 2 % hasta un déficit en 2009 que muy probablemente acabe siendo superior al 10 % del PIB, a la vez que una elevación de la deuda hasta niveles próximos al 55 % del PIB. Esta situación exige un ineludible ajuste fiscal no ya porque estemos obligados vía Pacto de Estabilidad y Crecimiento, (por nuestra pertenencia a la moneda única), sino porque en la economía funciona una “regla de oro" para alcanzar la estabilidad económica –interna y externa– que exige unas finanzas públicas lo más cerca posible del equilibrio presupuestario.

2) La necesidad de encontrar, a la mayor brevedad posible, nuevos “nichos" de actividad económica que reactiven una economía deprimida, muy afectada por una desinflada construcción y una escasamente mencionada espectacular caída del sector industrial. Es decir, resulta imprescindible rellenar un hueco de al menos cuatro puntos de PIB. Como esta tarea, en el caso de que se acierte, no es de ajuste inmediato, sino que pasarán algunos años, conlleva moverse en un escenario poco optimista, tal como hace la Comisión Europea, la OCDE o The Economist, de recuperación todavía lejano –2010 seguirá siendo al menos hasta el tercer trimestre un años de crecimiento negativo– y, desde luego, en el furgón de cola de Europa.

¿Está respondiendo la política económica del gobierno a estas dos exigencias? Mi impresión personal es que no por dos hechos fundamentales.

Primero, porque los Presupuestos Generales del Estado para 2010 aparte de ser poco realistas –salvo que haya un improbable ajuste de última hora antes de su definitiva aprobación– no contienen las medidas de consolidación fiscal necesarias para reducir el déficit público a un ritmo no inferior al 1,75 % que nos impone la Comisión Europea y que nos llevaría de nuevo a estar en 2013 en el entorno de la regla del 3 % ; ni por la vía de los impuestos, pues es dudoso que la anunciada elevación del IVA en una economía deprimida genere los recursos previstos, ni tampoco por la vía de reducción de gastos que resulta claramente insuficiente.

Segundo, porque si tenemos en cuenta lo anterior los planes de choque, tipo Plan E, para estimular la actividad económica son necesarios, pero acaban siendo poco operativos cuando se implementan como se ha hecho como un mero “parche" para sujetar la caída del empleo, porque al final generan un fuerte aumento del déficit y de la deuda sin que la actividad económica se recupere. Por otro lado, la esperanza de que un “pujante" sector exterior nos saque del atolladero –como se oye en algún foro muy optimista– es poco menos que impensable; especialmente si tenemos en cuenta que el euro está fuertemente apreciado (en el entorno de 1,5 dólares, con una revalorización en lo que va de año superior al 20 %)) y con una competitividad frente a los países más desarrollados que en los últimos diez años ha caído –en términos nominales– alrededor de 15 puntos. Tampoco la hasta ahora “cortina de humo" de la Ley de Economía Sostenible, a la vista de su débil contenido conocido (un conjunto de buenas intenciones es lo que me parece contiene, salvo sorpresas de última hora), permite albergar esperanzas muy fundadas de cara a lograr por este camino cambios en el modelo productivo español y, especialmente, una recuperación como la que ya inician Alemania o Francia.

Pretender curar a la enferma economía española por una vía normativa, como parece pretenderse con la Ley de Economía Sostenible, parece un ejercicio al que con bondad podemos calificar de auténtica frivolidad económica. Por fortuna, no todo resulta negativo y  en España existen empresas que compiten internacionalmente con éxito, al margen de lo que el Gobierno diga o haga, aumentando por ejemplo en los últimos meses la cuota de participación de España en los servicios mundiales,  u ocupando posiciones importantes en ámbitos como el financiero, las infraestructuras, las telecomunicaciones o las energías renovables, algunas de estas actividades dentro del grupo de sectores de futuro. Como dice el viejo refrán español: “… zapatero a tus zapatos…", que para esos menesteres (léase el reasignar actividades productivas) ya está el mercado y con arreglo a sus criterios actúan las empresas.

Tomás Mancha Navarro
Catedrático de Economía Aplicada
Director del Instituto de Análisis Económico y Social (IAES)
Universidad de Alcalá