TELEGRAMAS DEL 22-M (IV)

No me fío de mí mismo. Hay un terremoto en Murcia y se suspende la campaña electoral. No lo hizo el 11-M, aunque oficialmente sí se anunciara, por buscar la conmoción colectiva de mayor impacto en nuestra historia reciente. Es una medida discutida y discutible, como demuestra su aplicación anárquica: aquí sí, allí no, allá a medias. Pero sobre todo es un reconocimiento de culpa de los partidos, de los candidatos, de sus discursos: vienen a decir que lo que tuvieran que decir, pese a aspirar a gobernar cuerpos y almas, no es digno de un momento delicado. Pero debiera ser al revés.

Prohibido, y más prohibido. Ese clima de restricciones innecesarias convive con otro de imposiciones inevitables que ya es algo más que preocupante. Si la regulación de los espacios electorales en los medios audiovisuales convierte en una obligación propagandística lo que debiera ser una opción informativa, restringiendo el derecho a la libre difusión de información; la hiperactividad de las distintas Juntas Electorales al respecto de carteles y mensajes de los propios partidos ha alcanzado cotas cubanas.

Las risas descalzas. El único límite a la libertad de expresión es o debe ser el Código Penal, en cualquier circunstancia. La retirada del cartel del PP con Tomás Gómez y Rodríguez Zapatero riéndose bajo el lema ‘5 millones de parados’ es un abuso. Tanto como prohibirle al PSM una denuncia sanitaria sobre el copago o uno de sus póster cinematográficos parodiando a la condesa Aguirre. Ya decidirá la gente qué se cree, a quién castiga y de quién se ríe.

Todos los mensajes bordean la falsedad y apelan al porcentaje Cromagnon que conserva el homo sapiens, para estimular sus glándulas salivales antes que activar las conexiones neuronales, pero hasta eso es permisible o debe serlo en un país libre.

Copago, constructoras. La cuestionable paralización de la campaña, beneficiosa sobre todo para esos restaurantes acostumbrados a disfrutar de la excelsa presencia de políticos ahora en caravana, permite pararse un poco sobre el fondo de algunas polémicas.

Por ejemplo los nuevos hospitales de Madrid: pónganse para arriba o para abajo sus detractores, a ellos se va sin tarjeta de crédito, en ellos reciben servicio miles de ciudadanos satisfechos según las encuestas (encargadas por la CAM sí, pero no hay otros datos en contra) y el personal sanitario sigue siendo tan público como en el 12 de octubre o el Príncipe de Asturias: los administrativos y los camareros trabajan para una empresa privada, pero eso es una bendición a tenor del extraño virus que multiplica por tres las bajas laborales en la función pública.

¿Pero no eran los especuladores? La carta de sus constructoras, sin embargo, no deja muy bien parado a nadie. Demuestra que el Gobierno regional, por buenas que sean sus cuentas al lado de las del resto de Comunidades Autónomas, está más apretado que el pantalón de Tony Manero y tal vez deba incluir en breve en su nómina de colaboradores el célebre Cobrador del Frac.

Y deja mal parado a Tomás Gómez, que se ha hartado a sostener falazmente la especie privatizadora de una Sanidad degradada (para entusiasmo de Sanitas o Asisa por la gratuita campaña de captación de clientes asustados) a favor de un negocio que, a lo que se ve, no es tal: tenemos más hospitales que nunca, siguen siendo igual de públicos que siempre, soportan menos veleidades moscosas en departamentos administrativos y además no los pagamos para indignación de la élite del ladrillo patrio. Seguro que tales empresas sabrán defenderse solas, sin ningún dirigente exigiendo que les paguen con la premura negada al carpintero e la esquina.

Público y privado. Más interesante sería discutir qué riesgos privatizadores potenciales se derivan de la concatenación de tres hechos incuestionables: un déficit galopante entre los contribuyentes y los usuarios del servicio; un insoportable modelo laboral en la Administración que detrae recursos de los servicios públicos y una demostración de eficacia mayor de la empresa privada por razones de vigilancia política, contención del gasto y productividad de su plantilla.

Mientras la izquierda borrosa no asuma esa evidencia, no acepte el debate sobre la eficacia, no acabe con los abusos, no asuma el preocupante desajuste de gastos e ingresos del Estado de Bienestar y no empate a la empresa privada superándola a continuación en compromiso público; la privatización será una deriva natural legitimada por los propios ciudadanos. Y no se podrá quedar, para seguir siendo universal y gratuita, en el heroico fotocopista: entre que privaticen los servicios las empresas y lo hagan los sindicatos, debe haber un término medio razonable. Que se acuerden a quién se deben quién los sostiene y cómo gastan ahora el dinero.

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#sinpreguntasnocobertura es una buena causa. Pero a veces estamos a setas y a rólex: si nos quejamos de Rajoy o de Chacón por callarnos mientras ellos monologuean, no se puede montar un lío a Esperanza Aguirre por contestar a un requerimiento periodístico en una absurda jornada de silencio. Tampoco lo guardó de algún modo Tomás Gómez renovando su videoblog. E hizo muy bien. Nunca se contesta ni se pregunta demasiado.