Hace unos días, Javier Pérez Royo publicó un valiente artículo sobre el proceso de legalización de Sortu, donde recordaba que en cualquier país democrático la interpretación de la ley siempre está orientada a favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales (Juicio de intenciones. La legalización de la izquierda abertzale, EL PAÍS, 19-02-2011).
Pérez Royo nos recordaba que el derecho de participación política es el fundamento de la igualdad y que en los estatutos de Sortu no hay ningún planteamiento que infrinja la Ley de Partidos. Legalizar Sortu no significa entregarle un cheque en blanco. Sortu tendrá que responder del contenido de sus campañas y de la actividad de sus candidatos, pero no se pueden juzgar las intenciones, sino los actos.
No menosprecio el sufrimiento de las víctimas, pero conviene recordar que Ruanda superó un genocidio aplicando una amnistía que excarceló a muchas personas implicadas en los asesinatos. Gracias a esa medida se restableció una paz relativa. La transición española no juzgó los crímenes del franquismo. Algunos ministros de la dictadura se convirtieron en líderes políticos. Se consideró que la prioridad era consolidar la democracia, eludiendo cualquier fuente de inestabilidad. Eso sí, ya han transcurrido más de tres décadas y España debería seguir el ejemplo de Sudáfrica, donde se organizó una Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Es tarde para imponer sanciones jurídicas, pero cada vez resulta más necesario ofrecer un relato objetivo a las nuevas generaciones sobre un conflicto, donde se aplicaron técnicas del exterminio en ambos bandos. Paradójicamente, los mejores estudios de ese período han brotado de plumas extranjeras: Homenaje a Cataluña, George Orwell; Los grandes cementerios bajo la Luna, George Bernanos; El laberinto español, Gerald Brenan.
En España apenas se habla de reconciliación en el caso del terrorismo vasco. De hecho, la guerra sucia de los GAL despertó una difusa simpatía que no se hizo pública, pero que sí circuló por bares y parques. El terrorismo produce una degradación moral de toda la sociedad, enredando a víctimas y verdugos en una espiral de odio. Por eso es necesario recordar historias como las de Joe Berry, hija de un diputado conservador asesinado por el IRA en 1984, y Pat Magee, autor del atentado. Admiradora de Gandhi, Joe Berry se propuso superar el odio e intentar comprender.
El encuentro fortuito en Londres con un irlandés que había perdido a su hermano en un control del Ejército Británico le ayudó a ponerse en el lugar de los católicos de Belfast. Cuando se enteró de que Magee había abandonado la prisión en 1999 gracias al acuerdo de Paz de Viernes Santo, quiso conocerle. Después de unas horas de tensión, Magee abandonó los argumentos políticos y le dijo: “Me gustaría escuchar su dolor y su ira. ¿Qué puedo hacer por ayudarla?”. Joe Berry y Pat Magee llevan luchando diez años a favor de la paz, ofreciendo conferencias y narrando su experiencia personal.
Ahora se consideran amigos y comprenden el punto de vista del otro. Joe Berry ocupa la presidencia de Building Bridges for Peace (Construyendo puentes para la paz) y de la Red Internacional por la Paz. Admite que experimenta cierto dolor cada vez que se reúne con Pat: “Recuerdo muy vivamente la muerte de mi padre, pero creo que el coste personal es menor que la importancia de mi trabajo. Para mí los encuentros merecen la pena. Ensanchan mi humanidad. Ahora hay más alegría en mi vida, una conexión más profunda con el mundo”.
Pat reconoce que ha dejado un “legado terrible”, pero Joe nunca le ha planteado la cuestión del perdón. “Para mí no se trata de perdón, sino de conocimiento. Los dos estábamos involucrados en un conflicto donde no había diálogo y se demonizaba al otro”. Imagino que muchos no entenderán una relación tan insólita, pero yo siento una profunda admiración hacia Joe Berry y aprecio la disposición de Pat Magee. No creo que obstaculizar la legalización de Sortu contribuya a fortalecer nuestra democracia.
En España, la transición fue orquestada por políticos franquistas, algunos con un pasado deleznable, como Manuel Fraga, que justificó la ejecución de Grimau y encubrió el asesinato del estudiante de Derecho Enrique Ruano por agentes de la Brigada Político Social. Torcuato Luca de Tena, entonces director del ABC, ha reconocido las presiones de Manuel Fraga para manipular el diario íntimo de Ruano. Se intentó convencer a la opinión pública de que se había tratado de un suicidio.
Ahora sabemos que se falseó la autopsia para ocultar que uno de los policías disparó contra Ruano antes de arrojarlo por una ventana. Francisco Luis Colino, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván, los tres agentes que participaron en el crimen, recibieron en los años posteriores 26 condecoraciones, la mayoría otorgadas después de 1975. Celso Galván trabajó como escolta de la Casa Real, Colino ocupó un cargo de libre designación en la Delegación del Gobierno de Madrid y Simón ejerció como comisario en Torrejón de Ardoz en la época de José Barrionuevo como Ministro del Interior. Ninguno manifestó el más leve signo de arrepentimiento.
No defiendo la impunidad de los criminales, pero desde una perspectiva histórica fue positivo que ciertos sectores del franquismo optaran por la democracia. Se puede aplicar el mismo razonamiento a la izquierda abertzale o, por el contrario, prolongar la cadena de agravios y arbitrariedades. Es inaceptable que en España se pueda mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación durante 13 días, los cinco primeros sin la posibilidad de comparecer ante un juez.
Esta forma de proceder viola las normas acordadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha suscitado las quejas tanto del Relator contra la Tortura de Naciones Unidas como del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Si España quiere resolver estos problemas, tendrá que apostar por la paz. Como hizo Joe Berry. Legalizar Sortu puede ser el primer paso. |
