Hoy recibimos en 'Causa Abierta' a Guadalupe Lizárraga, colaboradora habitual de este espacio y una de las grandes especialistas del periodismo mexicano. El drama que nos trae, sin eufemismos, ocurre en un lugar concreto del globo, pero es una metáfora válida del momentop histórico y político que vivimos todos. Paula Ballesteros.

Por Guadalupe Lizárraga

Tres activistas fueron secuestrados desde hace una semana, sin que intervenga ninguna autoridad en su ayuda. Y mientras, policías y militares intimidan a mujeres en huelga de hambre por exigir la liberación de secuestrados

Las hostilidades por parte de militares y policías de Ciudad Juárez en la guerra contra el narcotráfico que desata México las han dirigido hacia los activistas de derechos humanos. La reacción, ahora, es porque demandan la liberación de los secuestrados Malena y Elías Reyes Salazar, y su esposa Luisa Ornelas, quienes fueron levantados el 7 de febrero, en el poblado de Guadalupe,  Valle de Juárez.

Los secuestrados habían continuado la lucha por los derechos humanos, que Josefina Reyes, ejecutada de un tiro en la cabeza hace un año, emprendiera por el asesinato de uno de sus hijos en 2009, y la desaparición de otro, acusado por el Ejército de pertenecer a una banda de narcotraficantes, sin ninguna notificación ministerial de tal acusación.

El 18 de agosto de 2010 asesinaron, también a balazos, a su hermano Rubén por continuar la lucha contra la impunidad de los crímenes de sus familiares, sin haber logrado ningún avance en la justicia.

Este vídeo, elaborado para 'Causa Abierta', resume a la perfección la vergüenza y la indefensión existentes en Ciudad Juárez

La conciencia del sufrimiento que se acumula por estos hechos parecería ser sólo de un pequeño grupo de activistas, miembros del Frente Plural Ciudadano y familiares de los afectados. La gran indiferencia y la burla de las policías, han obligado a Sara Salazar, madre de las víctimas, quien además fue testigo del secuestro, junto con su hija, Marisela Reyes, a ponerse en huelga de hambre en un plantón permanente frente a la Procuraduría General de la República de esa ciudad, hasta que liberen a sus familiares.

“¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso!”

En la madrugada del 13 de febrero, en el campamento de huelga, los sorprendió el grito de uno de los activistas: “¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso!”, al ver que “salieron de las oficinas de la Procuraduría como treinta elementos armados con armas largas, cortando cartucho, corriendo, haciendo un gran ruido con los pies y con las armas, denunció Leticia R., activista de derechos humanos.

“Nadie sabía lo que estaba pasando”, continúa la activista. Todos corrieron a refugiarse rápidamente al campamento de los huelguistas, mientras otra mujer gritaba “¡un celular! ¡un celular!”. Cuando Leticia ofreció el suyo, la voz quebrada de la mujer se preguntaba “¿A quién puedo hablarle que pueda venir a salvarnos?”.

Los policías siguieron golpeando el suelo con las armas y haciendo ruido con sus botas, amagando a los manifestantes, “quizá por unos tres minutos”, comentó la activista, mientras permanecieron tirados sobre el suelo, “pero fue uno de esos momentos en el que el tiempo se detiene, la acción pasa en cámara lenta, y mil ideas cruzan por tu mente”.

Los policías se retiraron explotando en risas y regresaron a las instalaciones de la Procuraduría. Desde el día del secuestro de la familia Reyes, han entrado militares a sus casas y han saqueado la despensa, tirando cosas, gritándoles vituperios y amenazándolos con frases como “estás muy guardadita en tu casa”. Hasta ahora los activistas no tienen ningún contacto con las víctimas secuestradas y nadie puede comprobar las condiciones de salud en las que se encuentran.

Uno de los pocos documentales sobre este secuertro y tortura de tres hermanas

Con esta burla de los policías federales, saben los activistas de derechos humanos que tampoco contarán con la ayuda de la Procuraduría. Por lo que miembros del Frente Plural Ciudadano y familiares de las víctimas, han movilizado a más de cuarenta personas para que en sus vehículos particulares “peinen” la zona del Valle de Juárez, en busca de sus familiares, una “zona resguardada completamente por el Ejército”, concluye Leticia, con un “sí, completamente resguardada por el ejército, y todos nos hacemos la pregunta ¿cómo es posible que con tantos militares en ese lugar, ninguno de ellos vio, supo o intervino para evitar el secuestro de los Reyes?

Denunciantes, blanco de militares

Las denuncias con las que inició el activismo que le hiciera perder la vida a Josefina Reyes, y de donde se ha desatado parte del hostigamiento a la población de Juárez, versaban sobre los abusos y violaciones de los militares contra sus hijos, en primera instancia. Posteriormente, las denuncias se ampliaron a las violaciones sexuales de militares contra mujeres de la comunidad, así como a secuestros de jóvenes para que se declararan miembros de las organizaciones de narcotraficantes, desde que emprendieron el Operativo Conjunto Chihuahua por parte del gobierno federal en su guerra contra el narcotráfico.

En un reporte difundido por el Centro Pro Derechos Humanos describen el asesinato de Josefina Reyes en enero de 2010, en el que varios hombres armados y con el rostro cubierto intentaron secuestrarla, según la declaración de un testigo, pero al defenderse de los hombres, le dispararon en la cabeza gritándole “te crees muy chingona porque estás en las organizaciones”.

Un mes después, Israel Arzate, un joven que vendía discos en una plaza comercial, fue detenido y llevado al cuartel militar donde lo torturaron física y sicológicamente. Más tarde, lo presentaron ante los medios de comunicación mexicanos como uno de los implicados en la masacre de 16 jóvenes asesinados, seis días antes de su detención, el 30 de enero de 2010.

En la narración de los hechos recogida por la organización civil “Israel narra que es inocente y que en los días que estuvo “desaparecido” le dieron choques eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar. Le dijeron que necesitaban que declarara que él había participado en la masacre de los jóvenes de Villas de Salvarcar.

Después de dos desmayos sufridos por los golpes y quemaduras, y creyendo que dañarían a su esposa, Israel les dijo que sí, que él había participado en la masacre como halcón”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ha reportado este hecho, y más de 1,450 denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, desde 2009. Sin embargo, los denunciantes son amenazados e incluso asesinados, como han sido los casos más recientes de Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez.

Militares custodian la zona del Chapo Guzmán

Desde hace años, ya no es un secreto que el Ejército al igual que la Policía Federal esté contaminada por las organizaciones criminales de la droga en México. Un ex militar y ex funcionario del sistema de reclusorios, de quien se omite su identidad por seguridad, ha declarado en una misiva privada a este medio, que “la guerra contra el narcotráfico es una simulación”, y dijo, “es la delincuencia organizada pero disfrazada de policías”.

Enumeró la lista de cargos públicos en los que había estado operando y concluyó “te imaginarás lo que sé, lo que conozco y lo que tuve que hacer en el ejercicio de mis funciones”. Respecto a lo que denunció recientemente Aministía Internacional, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, la Marina y policías federales, dijo “conozco de cerca estas arbitrariedades que se cometen, entre levantotes, secuestros, violencia, la impunidad de los feminicidios”.

El secuestro, una plaga consentida: en este vídeo, testimonios de las víctimas

En la historia de la corrupción de los cuerpos de seguridad, se presume que el poder de cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán, narcotraficante privilegiado por el gobierno mexicano, es lo que ha generado la red de complicidades y simulaciones entre policías y militares en esta zona de Chihuahua.

Sin embargo, el cártel no se habría mantenido con fuerza sin la ayuda del gobierno federal en otros sexenios. Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, operaron varios cárteles entre los que destacaron los de los Arellano Félix, Juan García Ábrego, Amado Carrillo y el del El Chapo Guzmán. Desaparecieron aparentemente todos, excepto éste último, el cual cobró presencia en el periodo de Vicente Fox, por haber sido detenido y liberado, sin mayor investigación.

La zona en la que se perpetró el reciente secuestro de los activistas de derechos humanos, es una zona custodiada por militares y según los lugareños, “es la zona del Chapo”.