Soy profesor de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Algunos opinan que la Educación para la Ciudadanía es una perversa forma de adoctrinar a los jóvenes. Desde este punto vista, soy un manipulador de adolescentes. La vanidad es un defecto tentador, pues corteja nuestro narcisismo y, en este caso, sería sencillo establecer una analogía con Sócrates, condenado a muerte por corromper a los jóvenes.

Sin embargo, ser profesor de filosofía es un logro insignificante, cuando escoges como término de referencia a un pensador que –sin escribir una sola línea- sigue concitando nuestra admiración. Sócrates opinaba que la injusticia de una ley no justifica su incumplimiento. Sinceramente, no estoy de acuerdo. La segregación racial es una aberración y no hay ninguna razón moral para respetar unas leyes que establecen diferencias intolerables entre seres humanos por la pigmentación de su piel.

La Educación para la Ciudadanía desató un debate que aún humea. Muchos padres alegaron objeción de conciencia para evitar que sus hijos cursaran la asignatura. El Tribunal Supremo decidió por 22 votos a favor y siete en contra que la asignatura “no lesiona el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No procede, por tanto, el derecho de objeción de conciencia.

La resolución jurídica no zanja el debate moral, pero España es un Estado de Derecho y sería obsceno asimilar esta sentencia con las leyes que amparaban el apartheid o la discriminación de la mujer. La polémica sigue abierta, pero afirmar que la Educación para la Ciudadanía atenta contra la libertad de una forma más ofensiva que la Formación del Espíritu Nacional es un acto de demagogia y mala fe.

Desgraciadamente, algunas voces han expresado esta opinión, olvidando que la Formación del Espíritu Nacional pretendía inculcar en los alumnos los valores de la dictadura franquista, donde no había espacio para la libertad, la tolerancia y la pluralidad.

Defender la Educación para la Ciudadanía te convierte en un propagador del  ateísmo, el materialismo y la corrupción de las costumbres. No se puede hablar a favor de esta asignatura sin levantar sospechas de ser un partidario incondicional del  PSOE. Imagino que este razonamiento también debería aplicarse a los magistrados del Tribunal Supremo. Tal vez lo más sensato sería examinar los contenidos de la asignatura para opinar con fundamento. La Educación para la Ciudadanía habla de la importancia de la familia y de la necesidad de la escolarización.

Se estudia la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los principios del Estado de Derecho, el funcionamiento de la Unión Europea, la participación ciudadana, el papel de los impuestos, la responsabilidad vial, los derechos de la mujer, la igualdad jurídica, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el consumo responsable, la globalización, los flujos migratorios y la pobreza en el mundo. Al explicar la igualdad jurídica, se menciona el derecho a no ser discriminado por el sexo, la raza, la religión, la clase social o la orientación sexual. 

Al parecer, enseñar a los jóvenes que la homosexualidad no es una desviación, una perversión o una enfermedad constituye una intolerable forma de manipular su conciencia moral. ¿Es necesario recordar que el 17 de mayo de 1990 la OMS excluyó la homosexualidad de su clasificación de patologías? En 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría decidió suprimir en la segunda edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-II) cualquier referencia a la homosexualidad.

En el IES Doctor Marañón de Alcalá de Henares, se utiliza el manual de Educación para la Ciudadanía publicado por la Editorial Alhambra. En la página 87, aparece una fotografía de la tenista Amélie Mauresmo y otra del poeta Federico García Lorca, acompañadas de un pie: “¿homosexuales o simplemente, personas?”. En la página 89, podemos leer que “es imprescindible respetar la diferencias religiosas y ser tolerante con las creencias de los otros. Por supuesto, esta aceptación tiene como límite el respeto a los derechos fundamentales de la persona por parte de esas creencias religiosas”.

¿Dónde está el problema? Los padres deben ser los primeros educadores de sus hijos, pero no los únicos educadores, pues los jóvenes tienen derecho a elaborar un juicio propio e independiente. La mayoría de edad no es una frontera legal, sino el umbral donde se estima que un ser humano ha adquirido las herramientas necesarias para ser plenamente responsable de sus actos y elegir libremente sus valores. Ese cambio no es un milagro biológico, sino el resultado de un proceso formativo gradual, donde se gesta una autonomía real.

Ser profesor te muestra a veces el lado más amargo de las relaciones entre diferentes generaciones. Algunos padres intentan fomentar en sus hijos sus propios prejuicios: homofobia, racismo, machismo, intolerancia religiosa, ateísmo dogmático, desprecio por la convivencia democrática; algunos profesores actúan de la misma forma. Por eso, los menores deben ser tutelados por la ley, que garantiza sus derechos en todos los casos.

Yo he impartido clases en el nocturno del IES Giner de los Ríos de Alcobendas, donde me he encontrado con alumnos mayores de dieciocho años (y a veces más jóvenes) que huían del maltrato sufrido en un centro diurno por su orientación sexual. La homofobia no ha desaparecido en nuestro país. Conviene recordar que en algunas naciones de África y Oriente Medio la homosexualidad se castiga con la pena de muerte.

Hace poco, Yahya Jammeh, presidente de Gambia, afirmó que “debería cortarse la cabeza a todos los homosexuales”. Uganda, Irak e incluso Lituania, que forma parte de la Unión Europea, compiten en crueldad para mantener las discriminaciones.

David Kato, defensor de los derechos de los homosexuales africanos, fue asesinado hace unas semanas, después de que una revista ugandesa publicara su fotografía y la de otros activistas, debajo de un titular donde se leía: “¡Ahorcadles!”.

Cualquier sentencia judicial es discutible, pero yo estimo que en esta ocasión el Tribunal Supremo ha cumplido con su deber de proteger los derechos fundamentales de los jóvenes. La Educación para la Ciudadanía seguirá impartiéndose y los que asumimos la responsabilidad de enseñar esta materia, nos limitamos a cumplir con un objetivo sin color político: evitar que prospere la intolerancia entre los adolescentes, alejarles de cualquier forma de fanatismo, mostrarles las ventajas de la democracia, donde cualquier ciudadano puede escoger su orientación sexual, política o religiosa, sin que el Estado, la familia o la escuela pueda entrometerse en su proyecto de vida personal.