El pasado 20 de diciembre la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados rechazaba por 20 votos a 18 la llamada Ley Sinde. La derrota de la ley, introducida como una enmienda dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, se ha producido en el marco de una fuerte polémica que se ha traducido en diversos  enfrentamientos dialécticos entre partidarios y detractores de la ley, ataques a páginas webs oficiales o proclives a las tesis  oficiales, movilizaciones, firmas en contra de la ley etc. En la trifulca han intervenido una asociación de internautas e incluso alguna que otra asociación de consumidores, en ambos casos alineados con los que piensan que la ley debe derogarse.

Pero ¿qué es lo que propone la ley para que haya despertado semejante reacción? Digamos que, resumiendo, la ley prevé el cierre de web que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música. Dicho así parecería que no hay mucha justificación para el ruido provocado. Hay por supuesto algo más. En primer lugar suscita muchas dudas el hecho de que no sea única y exclusivamente la autoridad judicial los que puedan cerrar las web denunciadas, sino que también lo pueda hacer una autoridad administrativa, es decir el Gobierno de turno. Las acusaciones a la libertad de expresión están, en este contexto, servidas. Y luego están las inevitables servidumbres electorales.

¿Tienen razón las asociaciones de consumidores que se han mostrado contrarias a la ley? ¿Acaso esta ley menoscaba los derechos o los intereses de los consumidores? Respetando la opinión de todos no lo creo. Ni lo cree la asociación de consumidores de la cual soy Director de Comunicación.  Veamos cuales son nuestros argumentos para no sumarnos a una campaña de la que, por desgracia,  no están ausentes ni la demagogia ni los intereses electorales.

¿Podemos como ciudadanos y consumidores responsables  apoyar que un mercado de las características de Internet actúe sin ningún tipo de restricciones ni control? Evidentemente no, como tampoco podemos fomentar una suerte de anarquía digital en la Red. Apoyar esto es socialmente irresponsable y contrario a los intereses de los consumidores. Los mercados deben funcionar libremente, pero eso no significa que puedan actuar sin el control de las instituciones democráticas.

¿Podemos acaso los consumidores  discutir el derecho a la propiedad intelectual de los creadores? La respuesta no sólo es negativa sino que pensamos que ese derecho debe ser protegido y creemos que sólo apoyando esa protección podemos también defender  nuestro derecho a la reclamación  y la denuncia.

Advertimos a los ciudadanos - consumidores contra aquellos que, de una forma interesada, intentar hacernos creer que estamos ante un problema  de libertad de expresión. Por el contrario detrás de esta disputa  parece  esconderse  la defensa de intereses económicos que nada tienen que ver con los derechos civiles.

Aprobamos con toda claridad que la Ley actúe no contra quien descarga contenidos ilegalmente (el consumidor) sino contra los que hacen posible que se pueda materializar la ilegalidad (las webs que albergan fraudulentamente los contenidos). Sin embargo el cierre de páginas fraudulentas debe recaer en los jueces, aunque esto último debe ser compatible con la efectividad, eficacia y operatividad de las decisiones.

Creemos no obstante que es necesario hacer cambios en la Ley de Propiedad Intelectual, pero insistimos en que negar a un autor el derecho que tiene a recibir una retribución sobre su obra, por muy inmaterial que esta sea, es aberrante, además del gravísimo daño que realizamos a la creación cultural y con ello a la sociedad en general.

Por último no creemos que la Ley Sinde ataque nuestros derechos. Nuestra lucha debe ser otra. Debemos exigir unos precios de descarga razonables y al alcance de todos, en un mercado competitivo y que respete  nuestro derecho a reclamar  ante los tribunales cuando no se respeten nuestros derechos, o cuando se produzcan abusos o irregularidades. Curiosamente esto último a nadie parece interesarle.