En pocas horas y con escasas tres palabras, Tomás Gómez ha demostrado de nuevo su legendaria combinación de torpeza política y endeblez ética al falsear premeditadamente el sentido y las consecuencias de una histórica condena contra todo un Gobierno de una gran ciudad, un hecho sin precedentes a derecha e izquierda de la geografía ideológica y geográfica de España.

De un lado, ha presentado el fallo como una mera sanción administrativa, intentando en vano convertir la gravísima prevaricación –un delito horrible, quizá el más repugnante en un servidor público- en una falta menor equiparable a una multa por conducir algo rápido. De otro, ha tratado de convertir al tribunal enjuiciador en una delegación política con intereses y objetivos espurios al emplazar a sus compañeros condenados, hombro con hombro, a buscar una justicia “de más calidad”.

Y finalmente, pero sólo de momento, ha mantenido en el único cargo que estaba en su mano gestionar a la principal condenada, Trinidad Rollán: el resto de abandonos o de limitaciones no son generosas concesiones de la afectada o de su jefe a la higiene pública desde un elevado sentido de la acción política, como pretenden ambos, sino efectos directos infranqueables de una sentencia ejecutable desde el primer momento.

La ex alcaldesa no volverá a ser concejala ni evolucionará a diputada autonómica durante ocho años, pero no por un sentido de la responsabilidad inspirado en la vieja historia de la mujer del César, sino por la inhabilitación innegociable decretada por el juez.

Quien hace unos meses trató de transformar el infecto Gürtel (un caso que debe abochornar a Aguirre pese a su rápida reacción y que debería invalidar a Camps y casi a Rajoy por no hacer lo propio) en una causa general de corrupción contra el PP y el Gobierno regional al pedir el inaudito e injusto encausamiento de casi 80 personas –alguna ya fallecida, otras meros cargos técnicos- y prescindió en su discurso de la evidencia de que todos los imputados fueron destituidos hasta donde se podía antes incluso de que comenzara a citarles el instructor; falsea ahora el contenido de la sentencia, respalda a los sentenciados, deslegitima al tribunal y sostiene en sus puestos, hasta donde puede también, al emblema del escándalo.

Y todo ello sin pestañear, tratando de convertir el abuso retórico, el cinismo político y el engaño social en una suerte de magnificencia moral que, de no provocar vergüenza ajena, movería a hilaridad: la misma confusión entre lo que se dice y lo que se hace ya estuvo presente en insólitos plantones en el homenaje del 11-M, en la negativa a participar en todo tipo de eventos institucionales incluyendo la fiesta oficial de la Comunidad o, más reciente, en su desafío a un Zapatero al que defendió en lo indefendible mientras le respetaba el puesto y atacó en todo lo atacable cuando merecía quizá un poco de su solidaridad.

Si Gómez uniera a su falta de escrúpulos una solidez intelectual suficiente para disimularla mejor, bien parecería el protagonista de La Mandrágora de Maquiavelo, exégesis del poder, el dinero y los celos menos valorada que El Príncipe pero más canónica de la cara innoble de la vida. Como quiera no ha perdido ni un segundo en disimular mejor al menos las aparatosas lagunas de ese mensaje, bien por falta de respeto al oyente, bien por falta de luces propias; acaba pareciendo el trilero de una película postfranquista de Pajares y Esteso.

Pero donde alcanza el paroxismo la estrategia y el discurso del ex alcalde de Parla en su enésimo renuncio, siendo todo lo demás entre infumable y sospechoso, es en la cobertura legal a su mano derecha, quien lejos de equivocarse en un trámite menor, cometió un delito gravísimo que deja una pregunta inquietante en el aire: si no fue por dinero, ¿por qué lo hizo?

Que el juez no haya investigado el enriquecimiento personal de nadie no lo descarta, como pretende el secretario general del PSM tratando al respetable de ganado, simplemente lo obvia al considerar que lo que sí hicieron con total seguridad es de suficiente para condenarles: no a la cárcel, pero estaría bueno que sólo el ingreso en prisión fuera causa suficiente para retirarse de la administración de una herramienta básica de la democracia, sea una institución, sea un partido.

Y lo que hicieron fue quitarle patrimonio público a los torrejoneros, buscar un procedimiento que evitara el concurso público, inventarse figuras urbanísticas imposibles para el caso, elegir a dedo al receptor del regalo y hacer perder dinero a espuertas a los administrados.

Esta secuencia, recogida y redactada con otras palabras pero idéntico sentido por el magistrado, no da precisamente para santificar a Sor Trinidad de mis Rollanes presentándola como una mártir del socialismo fetén, sino para preguntarse por qué la Justicia no ha buscado el móvil teniendo delante una pistola y un cadáver.

Formular teorías al respecto es tan excitante y habitual en la política como impropio en el periodismo, que no tiene ni el rumor ni la hipótesis razonable entre sus géneros. Como sólo cuentan los hechos, hechos deben buscarse, mirando dentro, delante y detrás de una sentencia que ya recoge unos cuantos.

Sean o no relevantes a efectos alternativos al relato informativo, no es difícil detectar algunos más incontestables en la trayectoria de Rollán y la de la empresa receptora de sus caricias. Ella llegó desalojando extrañamente a un alcalde en vigor al que ni Trinidad ni su familia (política y personal: suegro y marido en casa, en el partido y en el Ayuntamiento) dejaron presentarse a las Elecciones; ella eligió a una empresa disuelta poco después y absorbida por otra bien conocida en Ibiza, Euskadi y Vigo; ella pactó ese contradiós jurídico con el archienemigo del PSOE reconvertido en tránsfuga moral en uno de esos partidos minoritarios bañados por el Guadiana (el tal Julián López, ex del PP, líder del PADE y en esto socio del escándalo inmobiliario); ella perdió sonoramente las Elecciones Municipales… y ella, sin embargo, fue premiada con el vicegeneralato del PSOE madrileño.

Puestos a utilizar los indicios como materia interrogativa, es bastante menos grave preguntarle a Gómez qué le va de verdad en este asunto que aceptarle sus conclusiones sobre lo que no dice ni juzga la sentencia. En otras palabras, señor candidato, ¿por qué se siente usted tan concernido con una condenada por prevaricación a la que premió extrañamente tras una brutal derrota electoral? O más simple aún: ¿Nos pueden explicar alguno de los dos por qué le dieron tantos mimos a esa empresa constructora saltándose la ley, el sentido común, sus obligaciones institucionales y los derechos de los ciudadanos?

Ésa es la cuestión, pero mientras se despeja, tenemos un delito y 14 condenados para bochorno de todos y vergüenza, especialmente, de quien les parapeta. Por buscar un símil, lo que ha hecho Gómez con Trinidad y compañía equivale a susurrar "amiguito del alma" al capo valenciano de la trama Correa, con dos agravantes: por mucha grima que nos dé el individuo del bigote, ni es cargo político ni ha sido aún condenado.