Es complicado hacer pagar a los controladores por todo el daño que ocasionaron en su último plantón: no hay gente para sustituirlos y la ley española tal vez sea demasiado garantista como para traducir en condena la irresponsabilidad laboral. Pero mientras el gobierno dice que va a hacer su trabajo, los afectados –la sociedad civil– ya se han puesto manos a la obra. El detalle tiene su importancia, porque probablemente es la organización de la gente lo que puede ayudar a solucionar muchos problemas de este país, no siempre los gobiernos, con su corto plazo y su tramposo mercadeo de votos. 

Lo primero que hay que reinvindicar es que los afectados no fueron sóo los que no pudieron volar. Lo fue España como país y Madrid como región. Por eso la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y la Cámara de Comercio de Madrid han contratado a un bufete de abogados  para que los empresarios a los que representan emprendan acciones legales contra los controladores aéreos por las pérdidas que provocaron con su huelga irresponsable e injustificada a principios de diciembre.

Las pérdidas ocasionadas por la huelga son de 20 millones de euros. Un mal momento, aunque no hay ninguno bueno, para jugar con el pan de los demás. Es de esperar que tengan suerte en los tribunales.