De una forma algo recurrente, aunque algo menos de lo que muchos quisiéramos, retorna en España el tema de los alimentos transgénicos. Ahora, y aprovechando el cambio de Elena Espinosa por Rosa Aguilar en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, diversas organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), han vuelto a pedir una vez más un cambio radical en la política del Gobierno, apostando por la aplicación del principio de precaución y prohibiendo de una vez por todas el cultivo de maíz transgénico en España.

Los motivos por los que se solicita la prohibición son conocidos, pero además en los últimos años se han sumado nuevos datos que refuerzan la posición de los que pensamos que la prohibición es cada vez más necesaria. Conviene, en primer lugar,  recordar que España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Mientras países como Austria, Alemania, Italia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Polonia o Francia han optado por prohibir su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.

En segundo lugar, y esto es lo positivo, la superficie cultivada con maíz modificado genéticamente en España ha descendido en 2010 por segundo año consecutivo. Según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se habrían cultivado 67.726 hectáreas, lo que supone un descenso del 11% respecto a 2009. Estos datos muestran un creciente rechazo hacia este tipo de agricultura, siendo el descenso especialmente acusado en las regiones donde este cultivo está más extendido, como Aragón o Cataluña.

El descenso en la superficie, y el estancamiento del porcentaje de maíz transgénico respecto al maíz total cultivado en España, coincide con el incremento de la oposición social a la presencia de transgénicos en agricultura y alimentación y a las cada vez más contundentes evidencias sobre sus impactos.

Aun así no deja de ser lamentable que estos datos ofrecidos por el Gobierno, los únicos disponibles por otra parte, sean los que le proporciona la industria, al no existir en España un registro de parcelas que cultivan maíz transgénico como exige la reglamentación europea. Esta situación abre interrogantes sobre la  fiabilidad de unos datos cuyo único origen sea precisamente el de las empresas productoras y vuelve a poner en evidencia  la absoluta falta de transparencia y control sobre este tema por parte del MARM.

La situación llega a límites tan absurdos que en la web del MARM se pueden encontrar dos cifras totalmente distintas de superficie de maíz transgénico en 2010, en función si el cálculo se hace por Comunidades Autónomas o por provincias.

Dicho lo cual parece llegado el momento de que se revise en profundidad nuestra posición en lo referente a los productos  modificados transgénicamente. Volvamos a poner  en primer lugar la salud de los ciudadanos españoles.