El acuerdo de los servicios mínimos del transporte para la jornada de huelga general del próximo 29 de septiembre, cerrado ayer de madrugada entre el Ministerio de Fomento y los sindicatos, concretamente para los trenes y aviones; no tuvo continuidad horas después en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional impuso los servicios mínimos en metro y autobús, fijados en el 50%, el doble de lo pactado por las centrales sindicales con el Gobierno central. Se confirmó así la constante en las negociaciones llevadas a cabo en todas las Comunidades Autónomas: mientras en las gobernadas por el PSOE ha habido pacto, en las comunidades gobernadas por el Partido Popular no se ha conseguido llegar a un acuerdo de servicios mínimos con los sindicatos en las competencias transferidas (transporte, sanidad y educación). Un detalle que, inevitablemente, revela el trasfondo político de la huelga y, al mismo tiempo, hace temer lo peor respecto a aquellas regiones en las que no ha habido consenso.

De sobra es conocido, por dolorosa experiencia –la última el pasado verano, con el parón del Metro–, que aquellos servicios mínimos que son impuestos y no acordados con los sindicatos, suelen ser pasto de los piquetes. Y también se sabe que el grado de éxito de una huelga, sin entrar a valorar su pertinencia o no, depende en gran medida del control que se ejerza sobre los medios de transporte. Además de ilegítimo, es ilegal boicotear la cobertura mínima y paralizar un servicio clave que sufragan todos los ciudadanos y utilizan, especialmente, los trabajadores. 

Se vuelve a plantear así, y de nuevo sin posibilidad de remedio inmediato, la necesidad de establecer unas reglas de juego inamovibles. La huelga es un derecho constitucional que, no obstante, carece de una ley que la desarrolle y explicite, como sucede en otros países democráticos.  Pero en todo caso nunca puede anular por completo servicios públicos esenciales: el transporte lo es, y no hay ningún motivo lo bastante poderoso como para dejarlo virtualmente cancelado y, como sucede en nuestra región, con dos millones de usuarios colgados. 

Ya que en caliente no se puede legislar, una excusa cada vez más irritante, confiemos en que algún grupo político se digne a sacar el asunto a debate en sede parlamentaria en frío. La incertidumbre  y la indefensión de ahora son intolerables.