Sólo en la Administración madrileña, hay 289 comités de empresa y 3.000 empleados de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Cultura o el Deporte que no acuden a su puesto de trabajo ni brindan un servicio concreto a los ciudadanos que, obviamente, financian sus salarios con sus impuestos y esperan una reversión razonable. La cifra en el conjunto de España se guarda bajo siete llaves, pero suele apuntarse un cómputo total de 57.000 trabajadores exonerados de trabajar, a los que hay que añadir los 77.000 cargos políticos, institucionales o de confianza que pululan por el mapa administrativo patrio con su correspondiente equipaje de incienso, oro y mirra.

Son los liberados sindicales y sus primos los liberados políticos; y si existen no es por un capricho o una imposición ilegal ni de ellos ni de sus centrales: la ley, en una interpretación kafkiana pero en todo caso válida, faculta su existencia y regula sus funciones, que son tan sencillas como inauditas. Intermediar entre la plantilla y la empresa, con un matiz: tienen nómina en el único trabajo del mundo que, si bien no está demasiado bien pagado, tiene garantizada la estabilidad y el sueldo casi de por vida, amén de una jornada por lo general nada estresante y con una larga lista de prebendas que en este ámbito suelen presentarse como imprescindibles derechos.

Hay más liberados sindicales que diputados en la Asamblea de Madrid, una escandalosa desproporción cuantitativa que termina por ser también cualitativa: si en algún ámbito no es muy necesaria la negociación colectiva entre el empleado y el patrón, es en el de la Administración Pública, por dos razones tan evidentes como incontestables. De un lado gozan de una seguridad que hace menos perentoria una tensión laboral tal vez inevitable en otros sectores para alcanzar los mínimos.

De otro, se deben a una ciudadanía que tiene derecho a esperar y a exigir que tanto los políticos que gestionan sus recursos cuanto los trabajadores que consumen una parte de ellos lo hagan con decoro, sensatez, respeto, eficacia y contención.

Lejos de ser así, un derecho discutible ha subordinado todos los demás a él, multiplicándose como la cepa de un virus frente al cual no cabe antídoto: cada año, en cada ayuntamiento, universidad, organismo público, consejería y demás laya de apéndices oficiales tan innecesarios como inútiles y caros donde abrevan amigos, familiares y la más variada cabaña de individuos ovinos con carné en la boca; se reproduce el espectáculo de una negociación colectiva que incluye huelgas, paros, acuerdos onerosos y números circenses de políticos y sindicalistas que disparan con pólvora de rey y paralizan los servicios con infinita irresponsabilidad.

La utilización de ese ejército de inconscientes como infantería política riza el rizo de la dervengüenza y la opacidad, pues demuestra que aun consagrando todo el tiempo del mundo a negociar lo que no debe ser negociado con tantísima insolidaridad -¿dónde está escrito que no pueda ni deba haber un único convenio colectivo estable en toda la Administración, en la que nadie está obligado a trabajar?-, sobra jornada para dedicarse a lo que no son ni deben ser: sucedáneos de políticos que no han sido elegidos para eso ni contratados para otra cosa distinta que cuidar parques, enseñar a los niños, acompañar a los enfermos o abrir la taquilla de un teatro.

Alguien tiene que pagar al ejército: estos carteles son una boba confesión de impotencia y desconocimiento. En economía nadie discute la regla de la suma cero: lo que uno tiene de más; otro lo tiene de menos. La retórica y las buenas intenciones, desgraciadamente, no dan para llegar a final de mes

La perversión de la negociación colectiva, la sobrepoblación de liberados sindicales y la devaluación de los servicios públicos forman parte de una misma secuencia que tiene su origen y su final en la condescendencia incompetente de los políticos: sin su firma, sin su aprobación y sin su complicidad, este abuso no ocurriría.

Y tampoco se mantendría en un país que congela pensiones y alimenta las listas del paro como el carbonero de una vieja locomotora mientras, en el ámbito que lo ha provocado todo o al menos no ha sabido evitarlo, ni Dios se aprieta el cinturón.

Ahora Aguirre anuncia una norma para reducir el ejército de liberados en 2.000 soldados para dejarlo en la modesta cifra de mil y ahorrar con ello 70 millones de euros que usted y yo pagamos a estos señores que luego nos revientan el Metro, nos dejan la basura en la calle o nos cierran la escuela infantil.

Pero antes de eso, señora presidenta, estaría bien que usted nos explicará por qué había tantos y por qué ha tardado tanto en imponer un poquito de lógica. Y no estaría de más que, en lugar de utilizar ese tipo de retórica agresiva que tanto gusta en una parte de la derecha para referirse a los sindicatos -ruines y miserables en la Admnistración; necesarios y útiles en el ámbito privado-, invirtiera el tiempo en exigir a los suyos, allá donde gobiernen sobre pocos o sobre muchos, que se apliquen el cuento.

Sería una espléndida manera de darle al PSOE el mismo ejemplo de transparencia, rigor, compromiso y respeto a los ciudadanos que, tal vez, el PSOE le está dando al PP -pese a todo- al contrastar las indómitas pero higiénicas Primarias de Madrid con las abracadabrantes selecciones de candidatos en lugares tan peculiares como Valencia.

Posdata. En el reverso de la moneda, aparece impagable el tirón de orejas a los bancos: en adelante, dicen las autoridades, deberán ahorrar un poco para que, si estallan sus cuentas, no haya que salir a salvarles. El pobre Marx quiso nacionalizar la Banca; pero ha sido la Banca la que ha bancarizado la Nación. Entre los que no se hacen cargo de sus propios errores de cálculo y codicia, los que mean colonia liberada pagada por su fisco y los que desaniman a un emprendor a intentar nada no sea que le comparen con el terrorífico Díaz Ferrán, ¿aún se pregunta por qué está en el paro, peligra su pensión o va a tener que trabajar hasta los 70 años?.

Posdata 2. No conozco a ningún sindicalista serio que no se escandalice en privado del abuso económico que se prepetra en la práctica totalidad de la Administración. Lo que no se entiende es que las centrales estén dispuestas a pagar un altísimo precio en imagen y credibilidad propias por cobijar estos excesos. Se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero gente tan seria, preparada, inteligente y honesta como Javier López, secretario general de CC.OO en la Comunidad de Madrid, se merecen un respeto que ellos mismos se quitan por mirar en esto para otro lado.