El Estatut no era una reclamación de los catalanes que, a fuer de insistir desde los partidos, empezó a serlo, según esa inafausta visión de la política consistente en buscar problemas inexistentes para aplicar soluciones inadecuadas. Que apenas el 3% de los ciudadanos de Cataluña sintiera en el origen la necesidad de dotarse de un nuevo corpus legal, moral y económico y que, llegado el momento, sólo considerara necesario respaldarlo un 49% no le resta validez jurídica, pero sí lo enmarca en su contexto.
Las irreflexivas palabras de Zapatero al respecto de aceptar lo que le enviara el Parlament sin conocerlo; su posterior rectificación por razones de táctica con CiU y no de estrategia para todo el país y la inaudita demora del Tribunal Constitucional -más desacreditado que un juzgado de Paz en Puerto Urraco- contribueron a suscitar una sensación de agravio entre los ciudadanos catalanes que, con el paso del tiempo y la aplicación del Estatut vía hechos consumados, obraron el giro: lo que no se pedía ni esperaba, de repente se convertía en cassus belli para una mayoría dispuesta a convertir el fallo del Tribunal en la medida del futuro de Cataluña en España.
La sentencia, que debería ir acompañada de un pliego del CGPJ contra los magistrados del TC por desatender esa máxima de según la cual no hay justicia si no existe rapidez, convierte en ley el discutible sentimiento de agravio de la política catalana y sitúa las aspiraciones independentistas de una parte de ella en el punto de partida y no en el de llegada.
Sí, es lícito preguntarse hasta dónde llega la solidaridad económica de los más ricos con los más pobres cuando éstos no aprovechan ese apoyo sostenido durante años para avanzar y convierten la ayuda al desarrollo en una subvención a fondo perdido, pero de aceptarse este discurso dentro de España será mucho más difícil esperar de Alemania o Francia que entiendan la necesidad de mantener esa política de reequilibrio con Grecia, Portugal o España: a ver con qué cara le dice nada Zapatero a Merkel o Sarkozy cuando él avala en su país la existencia de alemanes y griegos y da la razón a los primeros.
Y sí, también tiene lógica elevar el autogobierno político e identitario si con ello se refuerza el todo; pero la propia historia reciente de España evidencia que hasta ahora ha ocurrido lo contrario: Euskadi ha visto en Guernica y el cupo vasco una certificación de su carácter único y un estímulo para avanzar en la independencia más que un gesto para encajar con el resto sin perder sus particularidades.
El problema es que, tras tantos años de deliberaciones y de peligrosa subordinación de la ley a la política, toda sentencia del Constitucional es un fallo en la acepción alternativa del término: revocar el Estatut es tan absurdo como remitirse al derecho inicial en el Sahara, Gaza o la Cañada Galiana sin entender que los asentamientos marroquíes, judíos o gitanos conforman una realidad imposible de eliminar con una sentencia. Y aprobarlo consagra el exceso convirtiéndolo en norma. Es, como decía Chomsky, una de esas situaciones canalla en las que hagas lo uno y lo contrario vas a cometer un error o una injusticia.
La polémica del Estatut, tan alejada del sentir del catalán medio que quiere más como todo cristiano viviente pero no se plantea la vida en términos de oposición a nadie, retrata como pocas la mediocre calidad de la política española y dibuja un escenario inquietante a futuro: de aplicarse en la Comunidad de Madrid, sin apellidos identitarios pero con la misma letra económica, el equilibrio entre españoles y la solvencia del Estado para anteponer a los ciudadanos sobre los territorios, quedaría definitivamente herida de muerte. Porque eso es lo que ocurre cuando, más allá de zarandajas históricas, lingüísticas y mitológicas, se legisla con el criterio nada progresista de que cada uno es dueño de lo suyo y que compartirlo supone un abuso intolerable.
Seguro que Alemania toma nota. |
