El Gobierno rectificó ayer a la ministra de Cultura al garantizar que no se cerrará ninguna web ni ningún blog que tengan contenidos de descarga ilegal, tal y como se recoge en la disposición final del proyecto de la controvertida ley de Economía Sostenible. Lejos de tranquilizar y aclarar, esta decisión del Ejecutivo central, en la línea de improvisación a la que ya nos tiene acostumbrados, no hace más que confundir y distraer sobre un asunto que necesariamente ha de contar, más pronto que tarde, con una contundente  intervención administrativa: la armonización de los los derechos e intereses de los internautas con los derechos de la propiedad intelectual de los autores.


Probablemente habría sido necesario más debate y más contraste de propuestas antes de lanzar el borrador de la ley ‘antidescargadas’, como dijo ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega que se hará a partir de ahora para tratar de aplacar los caldeados ánimos de los colectivos de blogueros e internautas. Pero por mucho intercambio de pareceres e intentos de consenso que se hagan, siempre habrá una cuestión que es imprescindible aceptar: no se puede consentir el gratis total, que es lo que buena parte de los que en las últimas horas vociferan contra el anuncio de la ministra González Sinde temen, envolviéndolo cínicamente en una defensa contra todo intento de mordaza. Mantener la línea presente, sólo conduce a la ruina económica y cultural.


Las legislaciones en otros países de nuestro entorno demuestran que hay que poner coto a la copia y que los internautas deben atenerse a unas  obligaciones muy específicas. Del mismo modo, también debe evaluarse con mucho más rigor el precio de las descargas y de los soportes, el procedimiento para cobrar y las responsabilidades y poderes concretos de la entidad que gestiona ese mercado. En definitiva, se ha de encontrar un camino sensato e intermedio entre el gratis total y los precios astronómicos por la música y el cine.


La tecnología ha promovido una democratización desconocida en el intercambio de ideas y productos y ha impuesto a todas las partes nuevos escenarios de convivencia. Cuanto antes asumamos esa realidad y las autoridades impongan por ley las nuevas reglas del juego, antes se convertirá ese ágora virtual en una fuente de prosperidad real. Y antes también se hará justicia con el respeto elemental a un derecho que es cimiento de nuestro sistema de libertades: la propiedad.