La deuda privada en España es muy superior a la pública y, de largo, mayor que en Europa, aunque lo importante es el déficit, aquí desbocado: es más difícil que un trabajador medio atienda una hipoteca de 200.000 euros con un salario de 2.000, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo devuelva un crédito de 5 millones de euros ganando veinte al año. No es tan importante lo que debes, sino cuánto supone eso en tus ingresos y cuál es tu riesgo real de impago.

Por eso la deuda pública, combinada con el déficit, es la más grave. De la privada sabemos que es mayor, pero también que será siempre pagada por el deudor de una manera u otra: perdiendo la casa sin por ello dejar de deber la hipoteca; trabajando más años para sostener la Seguridad Social; pagando más impuestos directos e indirectos o incluso –toquemos madera, no parece que pueda ocurrir- prescindiendo de los ahorros depositados en el banco.

Las tres administraciones deben 258.000 millones de euros a los bancos, que a su vez se los han prestado sin exigir las garantías que al mediano empresario y al moliente trabajador les impone, en un acuerdo moralmente vergonzoso, económicamente inviable pero de una aplastante lógica criminal: ambos se necesitan, y ambos se ayudarán siempre de un modo u otro.

La inevitable aunque hiriente decisión de la UE de exigir la recapitalización de los bancos y depreciar la deuda española atestigua quién va a pagar el banquete concelebrado a pachas por botines y zapateros, montillas y gonzález, camps y ratos, gallardones y pepiños.

Sí, el camarero que lo servía, sin catarlo, con su nómina; o alguna de las tres millones de pymes  que en este país jamás reciben ayudas, aunque generan el 70% del empleo y los ingresos del Estado, y reciben como estímulo las invectivas analfabetas que debieran dirigirse, en exclusiva, a ese tipo de oligopolios bancarios, energéticos o inmobiliarios irrelevantes a efectos de empleo, ayudados sistémicamente por la política y muy agradecidos a posteriori en sus Consejos de Administración.

Esa formidable deuda no ha ido a sostener el Estado de Bienestar, único atenuante que cabría esgrimir para tratar a duras penas de justificar la ludopatía derrochadora: desde las pensiones hasta la educación, la sanidad, la atención social, la seguridad o las infraestructuras se pagan directamente con las cotizaciones a la Seguridad Social de las rentas de trabajo y el impuesto de sociedades y la variada gama de imposiciones fiscales que perpetran las tres administraciones, no tanto para garantizar una inversión productiva cuanto para sostener un gasto en sí mismas apabullante.

En otras palabras, cobrar una jubilación, acudir al médico, conducir por una autovía decente o tener una plaza en el instituto no son graciosas concesiones de ningún demócrata convencido, sino meras amortizaciones en servicios del esfuerzo personal de cada uno, con un límite: aunque la retórica progresista insista en lavar la sangre de sus homicidios sociales asegurando que sin ellos todo caerá; y a pesar de que su antagónica lectura conservadora es incapaz de simular su querencia privatizadora; lo cierto es que la calidad del Bienestar sólo depende de lo que podamos poner en la hucha colectiva y de cómo lo gaste luego el dueño del cerdito.

Si ahora trabajamos poco más de 17 millones de personas pero somos otros treinta más (tal vez cincuenta si se difieren deuda y déficit a futuro); no valdrá con alardear de principios ni con entonar el cuento de Pedro y el Lobo para llenar de filetes la nevera apelando al evidente derecho a comer, tan cierto como imposible de cubrir declamando  poesías.

Esos 258.000 millones que ahora amenazan a la Banca, estrangulan al Estado y condenan a la sociedad civil son consecuencia de los 50.000 millones perdidos cada año en esa variada, inútil, corrupta, costosa, paniaguada y obscena concatenación de adefesios institucionales que adornan cada ministerio, cada comunidad, cada universidad y cada ayuntamiento de chiringos perfectamente prescindibles, creados para saquear el erario público en nombre de elevados fines que se olvidan al segundo de colocar en ellos a la cuota política o sindical oportuna.

Y son también un efecto de la devastadora improductividad de la Administración, cifrada en 35.000 millones de euros y jalonada de nuevo por una tupida red de obstáculos a la libertad, el impulso y los derechos de emprendedores y ciudadanos. Lo que ahora se paga son los brutales convenios colectivos en cada ayuntamiento y organismo de España, obscenos en la transformación en derecho del simple atraco privilegiado.

'Inside Job' es una memorable película de terror. Pero también una prueba de cargo para la política: lo sustantivo no es que los tiburones ejerzan de escualos, sino que los cuidadores del estanque se lo permitieran con toda premeditación

Lo que se paga también en la creación de una ingente maraña de televisiones públicas a la mayor gloria del padrino regional de turno que acumulan un billón de pesetas de deuda. Lo que ahora se paga es la alocada construcción de universidades inútiles, aeropuertos miserables, observatorios, embajadas y toda suerte de vergüenzas legalizadas para que cada reyezuelo provinciano tuviera su parque temático propio aunque no se pueda volar desde España a Shangai o no haya un puerto marítimo capaz de albergar todo el tráfico que daría de comer a decenas de miles de familias por su condición estratégica de puerta de Europa, Asia, África y América.

Lo que se paga, en fin, es la creación de necesidades artificiales a costa de obligaciones estructurales por esa nefanda componenda entre quienes prestan y quienes reciben para gastar en sí mismos: la coartada ideológica que se ha otorgado a semejante latrocinio, ha permitido en realidad que el abuso se sostenga invocando a la calidad de los servicios públicos desde las mismas voces que en realidad los empobrecían con sus legítimos pero insostenibles intereses gremiales, atendidos por una casta de políticos, sindicatos y patronales que en ese viaje se garantizaban también un silencio ante sus desmanes.

De igual modo que apelar a los mercados y las manos invisibles es una burda manera de esquivar la responsabilidad política (si hay algo intervenido y tutelado, con herramientas reguladoras capaces de frenar preventivamente cualquier desmán, son los sectores financiero, bancario, energético e inmobiliario y, al revés, si todos esos sectores han provocado este crack ha sido con el permiso por acción u omisión de las instituciones); invocar una crisis económica genérica para tapar las dolosas culpas es una ofensa a la inteligencia y los fríos datos: la gente ha hecho sus deberes, cumplido con sus obligaciones y en todo caso paga y pagará personalmente las consecuencias de sus errores, infortunios o excesos.

Quienes no lo hicieron, ejerciendo de zorra en el gallinero; quienes prefirieron elevar la edad de jubilación que cerrar Canal 9 o Telemadrid; quienes aceptaron sacrificar la calidad de los servicios públicos priorizando el estatus laboral sobre su rendimientos social y quienes empeñaron al país para sostener sus gastos superfluos han optado por una solución inevitable tal vez, pero miserable y ruinosa: pasar la factura al espectador, para que sufra él la resaca aunque no haya bebido ni servido una copa.

Jack el Destripador debería ir a la cárcel, pero aquí le permiten dar lecciones de anatomía, abroncar a su víctima y señalar a los despojos inocentes como responsables de su carnicería.

Posdata. Un mero listado de políticos que han acabado en empresas que o bien están detrás de la crisis gracias a la falta de vigilancia (que no de herramientas para hacerla) o bien se han beneficiado de decisiones políticas de las mismas personas que, al final, han acabado ganando mucho dinero con ellas. Nunca sobra repetirla, y pueden ampliarla:

Felipe González está en Gas Natural. José María Aznar en Endesa. Manuel Marín en Iberdrola. Virgilio Zapatero en Bankia. Eduardo Zaplana en Telefónica. Luis Atienza en Red Eléctrica. Rodolfo Martín Villa en Sogecable. Braulio Medel en Unicaja e Iberdrola.  Javier de Paz en Telefónica y Mercasa. Pío Cabanillas en Acciona. Rodrigo Rato en Cajamadrid. Narcís Serra en Caixa Catalunya. José Antonio Ardanza en Euskaltel. Rafael Arias Salgado en Carrefour. Joan Piqué en Vueling. Josu Jon Imaz en Petronor. Miguel Barroso en La Sexta.