La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dado a conocer un fallo que puede significar un cambio importante en el mercado hipotecario español. De una forma muy resumida este tribunal considera que devolver al banco un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída, aunque el inmueble haya perdido valor por la crisis. Se trata de una sentencia inédita.

Recordemos cuál es la situación actual. Como consecuencia de la actual crisis económica, un creciente número de ciudadanos no pueden hacer frente al pago de la hipoteca que compraron en su momento. Hay que decir que la morosidad hipotecaria en España ha sido tradicionalmente baja (los españoles mantienen la cultura de que lo último a perder es la  vivienda y ésta únicamente deja de pagarse cuando ya la situación es insostenible).

No obstante, el fenómeno se está acelerando de tal forma que el número de ejecuciones del primer semestre de 2010 estuvo cercano al de todo el año 2008 y representaría en torno al 23 % de las compraventas del primer semestre de 2010.

Pues bien. Cuando a los compradores se les acaban los recursos económicos y se ven obligados a abandonar la vivienda (situación que no se olvide es vivida por la familias como una auténtica tragedia), la ley no sólo obliga a la devolución de la misma en pago a la deuda no cubierta, sino que no conforme con eso, dictamina también que el comprador debe satisfacer el resto del dinero que corresponde al valor al que se tasó la vivienda en su momento, y que por supuesto, es muy superior al actual. Es decir, la ley obliga a las familias a aceptar una realidad que ya no existe.

Es algo realmente insólito. Es como si alguien quisiera vender su vivienda al precio que estaba cuando él la compró y no al que marca el mercado en la actualidad, es decir, mucho más barata.

Las posibilidades que tiene este vendedor son escasas, por no decir nulas. Las familias españolas están acogotadas. Y furiosas. Ven como los bancos, responsables primeros y últimos de la crisis reciben cuantiosas ayudas públicas, es decir, de todos los contribuyentes, para evitar su bancarrota y, sin embargo, esos mismos Gobiernos asisten impertérritos a la ruina de las familias.

Los esfuerzos hechos para que el actual Gobierno –que se dice de izquierdas– ayude a estos ciudadanos en apuros han sido en balde. Se ha negado ni siquiera a contemplar la posibilidad de examinar esta situación.

Ahora un tribunal ha corregido lo que siempre  nos ha parecido escandaloso. Puede que con esta decisión el Parlamento español se avenga a buscar soluciones para los casos que acabamos de comentar.

La crisis la estamos pagando todos. Tal vez, pero desde luego no de la misma manera y si  no que se lo digan a los altos ejecutivos de los bancos. Para ellos la crisis nunca existió. ¿Habrá alguna comprensión para los que se han quedado sin trabajo, sin casa, con las familias destrozadas y los hijos sin futuro? veremos.