Alcalá puso broche ayer tarde al ya tradicional programa de actos conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un encendido de velas simbólico por cada una de las mujeres asesinadas en España en lo que va de año. Distintos actos de divulgación y sensibilización se han desarrollado a lo largo de los últimos días en Alcalá, cuyo pleno municipal hizo además un llamamiento a toda la población para colaborar en el combate contra esta lacra.
Al fin y al cabo, nuestra comunidad no es ajena a este fenómeno, como demuestran las denuncias presentadas en la Comisaría por 285 mujeres y la detención de 200 personas a causa de delitos relacionados con violencia doméstica a lo largo del último año. Todo esto, en fin, ha constituido el grano de sensibilidad y condena aportado desde nuestra ciudad a la lucha general contra esta lacra social que año tras año se cobra la vida de decenas de mujeres y a la que no se encuentra remedio. Aunque eso no moviliza a las autoridades a cambiar el paso de una forma decidida, apostándose año tras año por las mismas consignas, más alguna medida que, más allá del impacto inicial, termina diluyéndose en el tráfago administrativo.
Algo así parece suceder con la iniciativa anunciada ayer por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, de retirar la custodia a quienes estén procesados por violencia de género. Casi de inmediato, asociaciones judiciales salieron al paso del anuncio, tachándolo de “propagandístico, innecesario y peligroso”. Asegura el gremio que el Código Penal ya prevé la posibilidad de que el juez pueda inhabilitar durante un tiempo para el ejercicio del derecho de custodia de los hijos al incurso en un proceso por maltrato. Por ese motivo, la reforma propuesta por Pajín no aumentaría la sensación de seguridad. Más bien podría distorsionarla.
Vuelve a quedar claro, una vez más, que en la batalla contra los maltratos sobran los excesos en marketing político y faltan acciones ambiciosas e integrales. Porque nada hay más efectivo contra esta modalidad de violencia, resistente en buena medida a la labor de prevención y educación, que la mano más dura contra los verdugos y la máxima protección para las víctimas. Y esto último comporta el ofrecimiento de los recursos y la cobertura humana y material que permita emprender una vida nueva e independiente. Eso representa un esfuerzo en seguridad, justicia, trabajo y servicios sociales que todavía no ha acabado de realizarse del todo. Y ahí está el verdadero principio del fin de la violencia doméstica; contando, claro está, con una sociedad activa y en guardia contra ella.
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