El escándalo por la alcoholemia positiva de Jesús Neira ha quedado zanjado con la sanción del juez y la eliminación del organismo público que hasta ayer presidía. Neira, convertido en héroe por auxiliar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja y por sobrevivir a los brutales golpes que recibió en el lance, ha sido condenado a 1.800 euros, la retirada del carné por diez meses y trabajos en favor de la comunidad. El profesor, no obstante, sigue sosteniendo que “no iba bebido”. Nada más conocerse la sentencia, el Gobierno regional anunció la eliminación del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, cuyo consejo asesor encabezaba Neira. Desde el Ejecutivo autonómico se aseguró que la supresión de este organismo ya estaba tomada de antemano, una torpe explicación que añadió más bochorno a una historia con un broche nada edificante para sus protagonistas, empezando por Neira.

Desde hacía tiempo se barruntaba un final tormentoso para la carrera pública del otrora respetado profesor. De la ola de admiración que generó su heroico gesto, su lucha por la vida y sus sensatas reflexiones, convirtiéndole en todo un modelo cívico; se pasó al recelo e incluso a la antipatía a partir de ciertas conductas y declaraciones que rayaban en la insolencia. Y así se interpretaban porque no eran propias de un hombre que representaba valores colectivos y que, en función de los mismos, aceptó la presidencia del consejo asesor del Observatorio contra los malos tratos, que oportunamente se apresuró a ofrecerle la Comunidad de Madrid.

La reacción altanera de Neira por la alcoholemia, negándose a pedir perdón ante la rotunda evidencia de un comportamiento impropio de cualquier ciudadano y aún más intolerable en su condición, ha dado la razón a sus críticos, que esperaban un patinazo como ése para condenarlo ante la opinión pública. Tampoco ha estado muy feliz el Gobierno regional al pedirle que “reflexionara” sobre su futuro, en vez de cesarle directamente. Aunque no se entiende ahora nada de eso cuando ayer se aseguraba que la eliminación del Observatorio ya estaba tomada.

La triste conclusión que deja esta historia, más allá de los errores cometidos por Neira y por la Comunidad, es la utilización institucional de una lacra abominable como los maltratos a mujeres para hacer bulto, lavar la imagen y gastar dinero público. La lucha contra estos rufianes necesita policías, jueces y servicios sociales eficaces para proteger y procurarle una nueva vida a las maltratadas. No hacen falta héroes de un día ni observatorios de la nada.