Primero los impuestos, después las bajadas de sueldo y las congelaciones. Ahora el mercado laboral se anuncia como más flexible, más orientado a la creación de empleo y menos a ayuda al desempleado. Al mismo tiempo, la Comunidad extiende el recorte a todas las empresas públicas en lo que es una inequívoca señal a otras instituciones que son soberanas en sus cuentas: los ayuntamientos y las universidades. Si el esfuerzo va por barrios, de poco habrá servido que algunos se aprieten el cinturón. 

Probablemente muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos y las universidades son cruciales para la sociedad, pero deben fijarse más en ella si no quieren pasar a ser secundarios. Y deben además encontrar una manera más barata de atenderlos si quieren mantener esa aportación suya en la agenda: con privilegios privados a costa del dinero público, con convenios que parecen de otro país cuando se comparan con los de los demás y con plantillas que no están aprovechadas pero no dejan de crecer no se puede adaptar al país al nuevo modelo productivo. El Estado no ha de ser una losa para el contribuyente y el usuario, sino el resultado de un esfuerzo común para atender frentes en los cuales la empresa privada, pese a toda su innovación y competitividad, no da siempre la talla. Que no la dé el sector público  sólo hará las cosas más difíciles.