Es muy difícil de cuestionar la lógica de una huelga como la que hoy se vivirá en la función pública española cuando viene precedida por un incumplimiento unilateral de los acuerdos firmados y comporta, nada menos, una reducción salarial sin duda dolorosa. E injusta, pues no distingue ni responsabilidades ni estatus, metiendo en el mismo saco al funcionario del Ayuntamiento que quizá pueda compensar la merma con otros beneficios y al sanitario de la Paz que trabaja en incansables turnos de noche en Urgencias.

Sin embargo, y pese a su coherencia,  la aplastante cadena de desperfectos que se vive en toda Europa, y especialmente en España, supera con creces el daño infligido en el gremio y, al menos moralmente, lo desautoriza de algún modo al introducirlo en el contexto vigente: se puede y se debe protestar contra un Gobierno que mantuvo una ficción y maquilló la realidad para agrandar una herida que ahora sufrimos todos; pero resulta imposible defender la anulación de una medida inevitable.

En otras palabras; los funcionarios tienen razón, pero el país carece de recursos para convertirla en dinero. Y esta triste certeza sirve para explicar todo lo que está pasando y pasará en los próximos meses: no estamos ante un debate sobre lo que es justo o deja de serlo; sino ante otro sobre lo que es posible o no.

Lo justo sería que todo el mundo tuviera un trabajo decente; que no cerraran miles de empresas competentes pero lastradas por los impagos y la falta de crédito; que se mantuvieran las inversiones públicas en infraestructuras clave para favorecer de verdad un nuevo modelo productivo o que el flujo económico robusteciera y asegurara los pilares del Estado de Bienestar.

Pero simplemente no hay dinero para todo ello: la verdad es así de cruda, y cuanto antes se asuma más sencillo será pedirle a los gobernantes que hagan su trabajo y repartan equitativamente el sacrificio. Más que distribuir la riqueza; ahora toca gestionar solidariamente el esfuerzo.

Sobre esto sí cabe pedirle cuentas al Gobierno, y también a la oposición. Porque es intolerable que se pidan sacrificios a empleados públicos, trabajadores a cuenta, pensionistas o pymes y que, en el ámbito institucional, no se haya ejecutado ya un profundo recorte de un modelo ineficaz y derrochador. Alemania  y el Reino Unido ya lo han hecho: a España no le queda otra, pues no le puede pedir más de nuevo a los mismos, ya extenuados y al límite de sus escasas fuerzas.