La rectificación de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse, demorando hasta enero de 2011 el corte del crédito, no ha supuesto un alivio total. Todos los Ayuntamientos de país van a ver seriamente alterados sus planes de inversiones para el futuro más cercano, incluyendo la campaña electoral de dentro de un año. Y los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes, pues buena parte de las obras públicas y de los servicios que se prestan cotidianamente son de iniciativa municipal.

Es evidente, por tanto, que el Ejecutivo ha vuelto a marrar en sus decisiones ‘anti déficit’: ha comenzado los recortes más severos por los pueblos y ciudades, el contexto más sencillo y directo sobre el que actuar. Ni siquiera vale como contrapeso el Plan E de inversiones, que a estas alturas se ha revelado como un brindis al derroche y a la inutilidad: carecemos de buenas carreteras, conexiones de alta velocidad ferroviaria u hospitales con las especialidades más avanzadas; pero a cambio tenemos farolas de diseño o pistas de pádel en la aldea más perdida de nuestra geografía. En definitiva, ni hemos obtenido infraestructuras productivas ni se ha reactivado el empleo con ofertas de trabajo estructurales; y de postre, ahora, se machaca a los ayuntamientos con un tijeretazo al crédito. 

Hay que recordar, además, que a este estacazo coyuntural para tratar de taponar la sangría del déficit, se unen otros quebrantos crónicos: la financiación siempre insuficiente, como consecuencia de una mayor atención presupuestaria a las Comunidades Autónomas a costa de las ciudades, dentro la injusta politización de las cuentas públicas; y la caída en picado de las fuentes de prosperidad tradicionales en los municipios, como la venta del suelo. Si a todo esto se añade el detalle de que  en la actualidad los ayuntamientos afrontan y sufragan competencias que no son suyas, las perspectivas no pueden ser más oscuras y deprimentes para las ciudades.

Pero las autoridades locales no pueden permitirse el desaliento ni enrocarse en la queja. También tienen responsabilidades públicas y también pueden encontrar una oportunidad en esta situación tan delicada. Toca remangarse y empezar por adelgazar el gasto, recortándolo directamente en determinadas partidas o renegociando el coste de las contratas y de las plantillas. Se puede seguir, asimismo, por la renuncia a costear todas las competencias que le son impropias. Y se ha de buscar la fórmula para atender los pagos con los proveedores, aunque sea con limitaciones. Maltratar a estos últimos sería perpetuar el error de hacer pagar a los más débiles.