El Consejo General del Poder Judicial tomó ayer la decisión que se veía venir desde hacía algunos días: por unanimidad determinó suspender al juez Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por la presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones de personas durante el  franquismo. Se consumó así el colmo del ‘martirio’ del ya ex magistrado de la Audiencia Nacional, en torno al cual se ha generado una ruidosa corriente de solidaridad tan bienintencionada en muchos casos como interesada y manipuladora en otros tantos.

Los desvaríos se han ido encadenando en esta historia, hasta ir formando una bola de frustración y de desprestigio verdaderamente intolerable. Porque aquí se están beneficiando unos pocos a cuenta de un escándalo que no es tal, pero que sí resulta de lo más dañino para el crédito de la Justicia y para la confianza de la sociedad española.

Si hay un error incuestionable en el comportamiento del juez Garzón es su vanidad desmedida. Pero la respuesta, ante eso, no podía ser la persecución desde una acusación torpe y desproporcionada, como ha ocurrido con la réplica de la cúpula del Poder Judicial. Con ello, sólo se ha conseguido incrementar el envanecimiento rayano en la divinidad del juez; así como dar más argumentos de lucha a la resistencia ‘antifranquista’ que ha hallado una mina en este caso, agitando un patio público que precisa de otras reivindicaciones judiciales, políticas y sociales impulsadas con el mismo ardor, como mínimo.

Pero todo este jaleo también ha ofrecido una oportunísima cortina de humo al Gobierno, consumido por la impopularidad de las medidas anticrisis a la desesperada que ha tomado esta semana; e incluso a la oposición, cercada por las sombras de la corrupción que también se está ventilando en los juzgados.

La otra cara de la garzonada y los disparates que le acompañan es un país angustiado por un negro horizonte económico, que además ha sido forzado artificialmente a volver a mirar al pasado y a tomar partido entre dos bandos cuando ya sólo hay uno. Y sobre todo hay un buen número de ciudadanos que, simplemente, tienen derecho a saber dónde están los restos de sus seres queridos desaparecidos hace décadas, sin necesidad de que nadie monte un jaleo infame a su alrededor.