La sociedad española ha asistido en las últimas horas a dos pésimas noticias políticas: la ausencia de un compromiso firme entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición para cooperar en la salida de la crisis económica; y la ruptura del diálogo para alcanzar, de una vez por todas, un gran Pacto por la Educación. Que la ciudadanía esté acostumbrada a esta clase de desencuentros, no resta un ápice de desencanto y enojo ante una demostración tan sistemática de falta de consenso y de interés en lograrlo. Sobre todo porque el país lo necesita; y nuestro sistema democrático también.

Es desesperante presenciar cómo las diferencias entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en torno a como afrontar la crisis económica no se han recortado ni un centímetro en los últimos meses. Ambas partes continúan enrocadas en sus posturas y achacan al contrario la imposibilidad de alcanzar el tan traído y llevado acuerdo:  el Gobierno reprocha al PP que sólo desea rentabilizar la delicada situación de la economía como arma arrojadiza y preelectoral; y el PP acusa al gabinete de Zapatero de buscar el ‘trágala’ más que el consenso. A estas alturas de fuego cruzado, y además de hastío y cansancio, este diálogo de besugos es un insulto al ciudadano. Porque el estado de nuestro armazón económico, de nuestro mercado laboral y de nuestro programa de protección social atraviesa por un momento tan delicado y exige actuaciones tan estructurales; que debería impulsar de manera espontánea al Gobierno y al PP a olvidar los partidismos y fijar una actuación coordinada.

Exactamente la misma actitud tendría que presidir la búsqueda de los puntos de encuentro imprescindibles para blindar una política educativa única. Porque en la educación están muchos de los fundamentos del progreso social y económico del país y porque es la materia que menos debería politizarse: ofrecer la enseñanza más completa, atender de la manera más adecuada la diversidad del alumnado, combatir el fracaso escolar,  desarrollar los mejores itinerarios en la Secundaria y modernizar y adaptar a la realidad la Universidad; son objetivos que no tendrían que encontrar  escollos insalvables. Salvo, claro está, si están inspirados en el sectarismo y en el cálculo electoral.

La responsabilidad pública de los partidos y la madurez de una democracia se miden en situaciones así. Necesitamos una movilización política sin cismas. Y los partidos están condenados a conseguirlo.