Las reglas de la convivencia cívica constituyen el único mandamiento sagrado en una sociedad democrática. Desde esa perspectiva, polémicas como la del velo en las escuelas o manifestaciones como la del líder de la comunidad musulmana alcalaína, deberían tener fácil respuesta: no hay espacio público ni privado en el que puedan predominar las normas ultrajantes sobre los derechos colectivos.

Si había alguna duda sobre el motivo que explica el uso del velo, asunto que está de actualidad con el caso de la muchacha de Pozuelo, no hay más que leer las explicaciones que el responsable de la Comunidad Árabe de Alcalá, Omar Hussein, ha realizado a este periódico. El velo, asegura, es una forma de proteger a la mujer de las miradas de los demás, según la tradición islámica; y prohibirlo, a su juicio, es “un crimen”. De acuerdo con la misma tradición, Hussein afirma que no puede estar en contra de la lapidación contra las adúlteras porque es “una ley de Dios”, si bien no existe un castigo igual para los adúlteros. Tales afirmaciones ilustran con toda claridad el nudo del conflicto que se ha planteado con el caso de Pozuelo: la libertad religiosa ampara a las personas en sus convicciones y en sus manifestaciones externas, por muy retrógradas y brutales que puedan parecer; pero en el  espacio público deben regir los principios democráticos y cívicos que defienden la dignidad de todos los individuos por igual.

Este fundamento debe prevalecer especialmente en el contexto escolar. El respeto a la diversidad es una de las claves de nuestro sistema educativo, con el fin de ofrecer la respuesta pedagógica más adecuada a las circunstancias específicas de cada alumno. Eso no debería incluir, sin embargo, el amparo a expresiones que impliquen algún tipo de singularidad que desvíe la atención sobre lo esencial en una escuela o en un instituto; a saber, el perfeccionamiento del niño y del adolescente como persona y como ciudadano.

Las autoridades tendrían que tener presente ese mandato y no delegar irresponsablemente en los consejos de los centros educativos la última palabra en asuntos como el planteado en Pozuelo. Porque además del trastorno puntual que provoca, con la joven Najwa como primera víctima en este caso concreto, se alienta una indefinición y una laxitud que poco tienen que ver con la tolerancia o el diálogo saludable entre culturas. Países poco sospechosos de violentar los derechos fundamentales como Francia han sido contundentes a la hora de separar la religión de la esfera pública.

Es cierto que en España no existe tanta tradición laica, pero no va a tener más remedio que desarrollarla. Y a toda velocidad. Volviendo al principio, las reglas democráticas son las únicas capaces de definir el espacio de convivencia conjunto y aseguran el encaje de los derechos individuales en los derechos y las obligaciones generales. Dejar que las normas religiosas tengan la misma categoría sólo es poner velos para ocultar desigualdades y abusos inadmisibles.