Ni en las más siniestras películas carcelarias de serie B es fácil encontrar un episodio tan repugnante como el que  al parecer ha tenido lugar en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá: un grupo de funcionarios desalmados abusando sexualmente de internas a cambio de favores.

La destitución de la cúpula del penal por Instituciones Penitenciarias viene a confirmar los peores presagios y da carta de naturaleza a los hechos: más allá de que no está claro si estos comportamientos merecen una sanción administrativa o también una denuncia penal, su mera existencia se antoja gravísima. ¿Qué ha podido fallar para que ocurra algo así? ¿Cuáles son los mecanismos de protección y vigilancia para que resulte tan sencillo cometer este tipo de tropelías? ¿Se puede caer tan bajo sin dejar huella, sin llamar la atención y, en definitiva, sin encontrar barreras inmediatas al primer intento de extorsión? ¿Cuántas veces, con cuántas presas y a cuántos funcionarios ha afectado?

Son preguntas que exigen respuestas. Y debe darlas Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias. Porque más allá de deleznables miserias de cuatro indeseables, queda la perplejidad por una decisión que sólo puede haber sido de la máxima autoridad penitenciaria de España: ¿Quién ha permitido si no la insólita mezcolanza sin barreras de hombres y mujeres entre muros?