Hace una década ya que Alcalá recibió el visto bueno público de don Juan Carlos I para constituir en la ciudad un Real Patronato: la palabra del Rey no es ley, pero suele anticiparla. Así lo entendió todo el mundo, y así parecía derivarse de la lógica histórica, el compromiso institucional y la coherencia política: si hubiera una lista de aspirantes ordenados de mayor a menor por razones de alternancia territorial, Alcalá estaría en el primer lugar al respaldo de la Comunidad de Madrid y el apoyo, lógicamente, del Ayuntamiento y de la Universidad, parecían dar por zanjado el asunto: primero se incorporaría el Gobierno Central al Consorcio Patrimonio de la Humanidad y luego se constituiría el Real Patronato. Y así, entre ambos, se concerniría a todas las Administraciones posibles en un gran plan plurianual que convertiría la protección y el desarrollo de Alcalá en una cuestión de Estado: cuando una ciudad explica una parte importante de la historia de un país, de una cultura y de un idioma; su preservación no puede dejarse exclusivamente en manos domésticas.

Diez años después, estamos igual. Ni la pasión de un senador como Juan Van Halen, cuya ardorosa defensa de Alcalá bien merecería un reconocimiento institucional de una ciudad con muy pocos paladines en la política nacional, ha logrado desbloquear los que parecía hecho. Produce bochorno la demora,  e indignación la falta de explicaciones: no sólo no se hace; sino que nadie es capaz de explicar las razones exactas por las que no se hace.Ni el ex rector, Virgilio Zapatero, a quien se presumía una relación estrecha con el Gobierno y la Casa Real, fue capaz de lograr precisiones: su carné del PSOE y su pasado de ministro le ha valido para llegar a la vicepresidencia de Cajamadrid; pero no al parecer para exigirse algo tan elemental como una respuesta a algo que a su propia institución le beneficiaba sobremanera. 

Ahora estamos igual: el Ministerio de Cultura mostró su disposición a sumarse al Consorcio, pero no hay fechas ni compromisos ni decisiones que conviertan la palabra del Rey en una decisión real. 

Y lo peor es que nadie parece darse cuenta: ni el Ayuntamiento lo pide, ni la Universidad se acuerda, ni la Comunidad de Madrid presiona. La paralización de los cuarteles, por una mezcla de desidia y cálculo de la UAH, simboliza la triste evidencia: más que avanzar, hemos retrocedido y no se vislumbra una solución inmediata.Volver a poner este asunto en la agenda es un primer paso, que bien podría completarse con una petición al senador más sensible, a su grupo o al del PSOE,  para que resuciten este debate en la Cámara Alta. Sabe a muy poco, resulta frustrante sin duda, pero menos es nada. Y nada, salvo que alguien guarde en secreto una gran sorpresa, es lo que ahora mismo tiene Alcalá en este frente tan crucial para su futuro.