Más allá del evidente interés electoral que acompaña siempre a un discurso político, sea del PP contra el PSOE o viceversa; la inminente subida del IVA es una mala medida, como se puede explicar con un mínimo de pedagogía del sentido común: si se suben los precios, se retrae el consumo, y si éste decelera se reduce la producción. Y en consecuencia, se resiente el empleo.

Está además demostrado que una mayor presión fiscal no siempre mejora la recaudación: tal vez algunos pagan más; pero muchos de lo que venían haciéndolo incurren en la insumisión o la morosidad. Con la voracidad recaudatoria pasa como con la pena de muerte: la primera no da más recursos al Estado y asfixia al ciudadano; la segunda no reduce la delincuencia ni evita nuevas víctimas.

En este caso, es además una peligrosa huida hacia adelante del Gobierno: pretender cubrir sus obligaciones estructurales en materia asistencial recurriendo a impuestos indirectos es una barbaridad que cualquier estudiante de primero de Económicas detectaría. Equivale, en términos de riesgo, a pagar la ceta de al compra doméstica con el dinero reservado para la hipoteca: si no queda más remedio, lo primero es comer; pero por ese camino se acaba uno quedando sin alimento que llevarse a la boca y sin casa. Como para hacerse además un plan de pensiones.