El pasado miércoles asistimos en Getafe al prólogo de lo que nos espera en estos próximos quince meses en Madrid. Este cronista espera equivocarse por la salud democrática de nuestra Comunidad, pero los antecedentes le hacen ser demasiado pesimista.

Ver a cargos electos participando con gritos e insultos en el boicot a un acto institucional como es la visita de un presidente autonómico a un hospital es una de las escenas más lamentables que se recuerdan en estas tierras desde hace años.

Hasta ahora las continuas algaradas y emboscadas contra la jefa del Gobierno autonómico y sus sucesivos consejeros de Sanidad se quedaban reducidas al ámbito de los representantes sindicales más o menos visibles, pero el salto cualitativo que supone ver concejales increpando a otro cargo público ofrece una imagen que es la verdadera medida del momento en que se encuentra la vida política en España.

Las tres ediles getafenses que cogieron sus pancartas y afilaron sus cuerdas vocales tienen cauces suficientes y vías de comunicación  institucional civilizadas como para evitar ese bochornoso espectáculo; cualquiera que sea el  planteamiento que quieran defender, la idea que quieran impulsar o la crítica que pretendan  formular a cualquier otra institución, disponen de los medios adecuados para hacerlo.

El problema es que su única pretensión era hacer ruido, agitar, desestabilizar, despreciar, insultar. Un camino que ya se ha revelado como improductivo muchas veces. Rafael Simancas decidió emprenderlo al perder sus segundas elecciones y sus posibilidades electorales en el tercer envite quedaron reducidas al resultado que obtuvo en 2007. Bien haría Tomás Gómez en controlar estos instintos para que entre todos los partidos, los que gobiernan y los que hacen oposición, se construya en lugar de destruir, se dialogue en lugar de vociferar.

Y luego está el fondo de las protestas. Uno de los manifestantes ante el Hospital de Getafe portaba un cartel en el que exigía "Sanidad 100% pública". La privada, que se suprima. Ninguna empresa debe tener derecho a desarrollar su actividad en este sector porque estos señores piden que no existan, que no se les permita trabajar.

Y más lejos aún: ningún ciudadano puede tener el derecho de elegir entre una clínica o una consulta privadas y un hospital público, ellos ya deciden por nosotros. Es lo que, paradójicamente, les está ocurriendo a los que mantienen huelgas de hambre en otras latitudes del mundo: a la sanidad pública, sí o sí.

Por el fondo
La campaña informativa Estoloarreglamosentretodos.org ha tenido un milagroso efecto. Desde que se lanzó hay ciudadanos que han concedido créditos en condiciones asumibles a sus vecinos, los hay que han aprobado un decreto que deroga la subida del IVA, luego hay otros que han aprobado medidas de apoyo a las Pymes para que contraten empleados, otros han firmado cheques de cuentas bancarias de Ayuntamientos y Comunidades para pagar las deudas que tienen con miles de autónomos, y hay unos cuantos clarividentes que han eliminado cuatro ministerios y una vicepresidencia del Gobierno. Ya todo está arreglado, y entre todos.

Por la forma
El presidente de los empresarios españoles ha sido masacrado esta semana por pensar en un contrato laboral para jóvenes sin derecho a indemnización por despido. Horroroso sacrilegio el de Gerardo Díaz Ferrán. Plantea que es preferible tener a un joven activo y cotizando antes que tenerle parado... y además sin cobrar el subsidio que defienden quienes han despellejado al patrón de patronos. El problema es que ese derecho no es un hecho en España, y quienes deberían hablar son los desempleados menores de treinta años y no los acusadores de siempre. En este país cuando se encuentra un muñeco de pim-pam-pum somo únicos para hundirle sin escuchar sus razonamientos.  

Se hablará de...
No va a ser la última controversia administrativa entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. La instalación de las horribles casetas negras en la Puerta del Sol ha enfretnado esta semana a los escalones intermedios de Aguirre y Gallardón sin que eso pueda achacarse al rechazo visceral que ambos se profesan. La mancha de la falta de entendimiento se extiende desde ellos hasta los sonsejeros y delegados de área, de ahí a los directores generales y más continúa abajo. El problema no es la instalación de los armatostes en ese espacio que fue declarado Bien de Interés Cultural. El problema es la estética del lugar, que merece ser preservada.