Un sindicato policial ha denunciado públicamente lo que se sospecha y, a poco que se presta atención, lo que se ve en la calle: el Ministerio del Interior ordena redadas sistemáticas para expulsar a inmigrantes sin papeles. El consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, se escandalizó ayer en Alcalá ante esta práctica, poniendo el acento en el hecho de que las órdenes sean secretas. Lástima que en este llamamiento a la transparencia el consejero no incluyera una mención a los propios detenidos y al terror que esta clase de acciones extiende entre un colectivo, el de los inmigrantes, a los que se demoniza sin medida.

Una vez más hay que preguntarse que, si todo está contemplado y regulado en el Código Penal y en la Ley de Extranjería, ¿a qué viene este barrizal político y administrativo que deshonra a toda la sociedad? Si hay algo que corregir, que sea examinar en qué medida no se están aplicando las normas, por qué motivo y qué es lo que puede hacerse al respecto. Porque con persecuciones semiclandestinas y rifirrafes partidistas, lo único que se consigue es criminalizar a todo el mundo y denigrarnos un poco todos al dar alas a la deleznable sensación de que lo mejor que puede pasar con los inmigrantes es que se marchen hasta que, cuando superemos la crisis, la sociedad española vuelva a necesitarlos.