La pasada semana se presentó públicamente en Madrid el análisis anual (en este caso correspondiente al año 2008) de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 

El estudio, que cada año lleva a cabo el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, cuya presidencia ostenta María Rodríguez, Presidenta de honor a su vez de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)  es, ante todo, un análisis –ciertamente riguroso y serio– sobre la calidad de la información que suministran las principales empresas españolas que cotizan en el IBEX 35.

Y esto es así, entre otras cosas, porque los mimbres –es decir, la información– con la cual se elaboran los análisis los proporcionan las empresas mismas. Esta circunstancia, que sean las propias empresas las que deciden que información se da y cuanta, no juzga la calidad del documento presentado.

En otras palabras, el rigor del análisis no está tanto en la cantidad o calidad de lo que se suministra, cuanto en la solvencia, independencia y capacidad profesional  del equipo que elabora el estudio que, ya lo he manifestado más arriba, me parece de altura. Así, y como ya he aclarado,  el estudio no entra en valoraciones, ni juzga el comportamiento de las empresas sometida a examen sino la calidad de la información que hacen pública (cuestión, a mi juicio, de una relevancia indudable).

Dicho esto, el análisis que cada año presenta el Observatorio de la RSC, es un instrumento muy importante para conocer cual es el grado de información que transmiten las principales empresas españolas en temas como medio ambiente, derechos laborales, corrupción, derechos humanos o consumo.

Aunque para conocer con una cierta fiabilidad cual es el comportamiento global de las empresas españolas lo mejor  es  conocer la información que se suministra de todos los sectores, me detendré hoy, por  razones obvias, en el apartado de consumo dejando para otra posterior colaboración el resto de los sectores sometidos a análisis.

Entrando ya en materia, y aunque en  conjunto las empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 están muy lejos de cumplir los  parámetros mínimos que en materia de información exige la RSC, en lo que se refiere al consumo la situación cabría calificarla de deplorable.

Así, sólo una empresa –3 % de las 35  que contestan al estudio– ha aportado información sobre la observancia de leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos del consumidor en los países en los que estas empresas realizan sus operaciones.

Algo más –2 empresas y un 6 % del total– informaron sobre incumplimientos y violaciones de los derechos del consumidor y sobre las sanciones a estas violaciones. En lo que se refiere a la información sobre la renuncia a la utilización de prácticas contractuales abusivas el panorama es, sencillamente, desolador puesto que ninguna empresa ha informado sobre este asunto.

¿Por qué no lo han hecho? ¿no pueden, no quieren? El resto de las respuestas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo tan sólo  un 17 %, –6 empresas de 35– ofrecen datos cualitativos sobre las reclamaciones que han tenido y el resultado de las mismas y un 20 %, que es el máximo porcentaje de respuestas, han aportado información sobre su renuncia a la comercialización basada en informaciones falsas o capciosas.

Este parece ser el triste panorama en el que se mueve las grandes empresas españolas. Sin comentarios.