La más que probable designación del rector como vicepresidente de Cajamadrid ha puesto, aún más, el foco de atención sobre un proceso sucesorio que culminará en marzo con unas elecciones que, para ser limpias y transparentes, deberían ser inciertas: no sería nada razonable que la elección del heredero de Zapatero careciera de la incertidumbre que debe acompañar a todo acontecimiento democrático, por definición abierto a cualquier resultado e imposible de dirigir  desde ningún despacho.

Pero el sistema electoral de las universidades pone muy difícil ese ideal, por la combinación de dos factores de una importancia casi absoluta: la habilitación de un sistema de sufragio universal pero ponderado, que entrega un valor distinto a cada voto de modo que el de un catedrático vale como el de diez estudiantes o cuarenta funcionarios; aproximadamente; y la baja participación, que deriva en un usurpación legalizada del voto de un gremio entero por parte de los pocos que lo representan.

En otras palabras, al rector termina por elegirle una élite interesada que, demasiado a menudo, busca una recompensa personal aunque la camufla en un interés colectivo que desaparece nada más conocerse el escrutinio de las urnas. Si a esta certeza se le añade la posibilidad cierta de que el aparato universitario se movilice en favor de un candidato, sea cual sea, para garantizar una línea determinada a cambio de un voto teledirigido; la conclusión no puede ser más funesta: en la institución donde más se debe hablar de ideas, más se funciona por intereses.

El antídoto para esto no son las palabras, sino los hechos. No basta con decir que se va a ser imparcial, como asegura con sinceridad el rector saliente, ni con proclamar la igualdad entre candidatos si a la hora de la verdad las capillas de la Universidad maquinan en favor de uno de los rivales y no se adoptan medidas contudenentes para favorecer la igualdad.

Por ejemplo estimulando la participación entre los estudiantes, históricamente baja: esa lacra minimiza a la institución, que se empobrece mucho por el distanciamiento y el desarraigo de la comunidad a la que se debe; pero además alimenta la lamentable profesionalización de ese tipo de 'estudiantes' tan funestos como útiles para dirigir el voto de su colectivo a cambio de prebendas, quizá de carácter personal.

Por eso es importante que el rector y la institución estimulen de verdad una pugna de igual a igual con varias medidas que frenen las tentaciones habituales en este tipo de elecciones. Estimular la participación es una de ellas, y en ese sentido sorprende que no se haya aplicado ya el voto electrónico: es la manera más cómoda y eficaz de conseguir la implicación de los estudiantes, sin intermediarios ni cortapisas. Tal vez no haya sido posible, aunque hubiera voluntad, pero nada impide una gran campaña interna y externa  para hacerle ver al alumno la importancia de su papeleta.

Crear espacios de confrontación y debate también es interesante, para que todo el mundo sepa a qué atenerse con los aspirantes, a quienes cabe exigir respuestas precisas a preguntas que puedan quedar huecas si no se formulan en público: ¿Qué tipo de profesorado quiere tener? ¿Cree que sobran estudiantes y falta calidad en la Universidad? ¿Se imparten los estudios que son necesarios o los que reclaman los docentes? ¿Defiende el Distrito único en Madrid o cree que cada universidad debe dar lo que crea oportuno? ¿Es compatible asentar una gran universidad de Alcalá y crecer en Guadalajara? ¿Qué tipo de gestión defiende para la institución?

Son sólo algunos interrogantes entre cien que puede y deben ser aclarados por los aspirantes y estimulados por la institución, que ha de parecerse más en esto a un Ayuntamiento que a una Curia: en el primero todo se sabe y todo se discute; en el segundo todo está decidido de antemano por unos pocos. Esto sería letal, y evitarlo es tarea del equipo rectoral, del Consejo Social, del Claustro y de todos los órganos concernidos, incluyendo al Consistorio y a la Comunidad de Madrid.