La identidad catalana no se puede discutir: es, sin más, aunque lo es de distintas maneras. Esto sólo hay que decírselo a unos pocos catalanes: en el resto de España se entiende, de siempre, y lo hacen especialmente quienes la niegan. Sólo se ataca, o se rechaza, aquello cuya existencia se asume: quienes pierden mucho tiempo en negar a Dios de algún modo consagran una parte de su escaso tiempo a él, emulando al Unamuno de El sentimiento trágico de la vida: tal vez no le perdonan su indolencia, un reproche absurdo a quien simplemente no existe.

No es una cuestión de identidad pues, y ni siquiera de recelo a una nacionalismo imprescindible cuando opta por su raíz cultural y desecha su cortoplacista versión política: lo catalán, lo auténticamente catalán, sólo molesta a los ágrafos e ignorantes, como lo español sólo inquieta a los incultos y a los sectarios.

La cuestión es si ese respeto cotidiano, ese reconocimiento explícito, esa asunción rutinaria, esa defensa de lo particular y ese afecto por lo distinto que no lo opuesto ha de reflejarse o no en leyes específicas, regímenes económicos blindados y, en definitiva, unas reglas del juego alternativas que a fuer de asumir las peculiaridades de la parte amenacen la integridad del todo.

El Estatut responde afirmativamente a todo. La clase política catalana también. Y ahora  se suman los periódicos, que han decidido pensar y escribir lo mismo y a la vez en un insólito Editorial conjunto que solemniza un burdo aviso a navegantes: si el reconocimiento no se plasma en un catálogo de excepcionalidades económico-juridicas, si el Constitucional no se atiene al guión preestablecido y si, en fin, no se reconoce que la única lealtad posible entre el Estado y esta Nación pasa por la renuncia del primero y el privilegio del segundo... os vais a enterar.

La élite catalana utiliza la incontestada identidad de Cataluña para justificar un ejercicio de egoísmo contable que, simplemente, hace inviable la jerarquía en España del criterio de igualdad entre ciudadanos y que, en términos domésticos más mundanos, equivaldría a una rebelión de las rentas más altas para no compartir sus recursos con las más bajas: si el Estado aplicara esta medida en el ámbito personal, el equivalente al Estatut sería la devolución del excedente que los más adinerados 'ceden' a las arcas públicas vía IRPF, condenándolas a un endeudamiento endémico o, como única alternativa, a la merma de oportunidades, servicios y subsidios a los receptores de esa solidaridad fiscal.

El problema, en todo caso, no es que ellos lo pidan, pues tiene una lógica aplastante aunque nada progresista intentar conservar hasta el último euro para uno mismo; sino que se conceda desechando la evidencia de que el único pacto decente en las cuestiones de Estado es el que pueden firman quienes lo estructuran y gobiernan alternativamente: que Cataluña pida mucho, poco, de más o de menos es comprensible; que lo asuman quienes tienen obligaciones globales para garantizarse antes la estabilidad política coyuntural que el futuro colectivo estructural resulta inaudito, aunque bien coherente con un país que criminaliza al empresario, confunde la creación de empleo con la protección social, subordina el Estado del Bienestar al bienestar de quienes viven del Estado y padece a una clase política que oscila entre el procedimiento penal y la flatulencia intelectual.

Haga lo que haga ya el Constitucional, el problema está servido. Visça Catalunya, siempre, pero la pela es la pela tú.