PEDRO P. HINOJOS

Casi todo el mundo acarrea con una idea del bien y del mal. Incluso es capaz de distinguir con cierta claridad entre lo justo y lo injusto. De ahí que no sea difícil convenir en que, de todas las reformas importantes que precisa nuestro país, la que atañe a la Justicia debe de estar a la cabeza. Porque, ¿cómo se puede vivir de manera civilizada sin ella? En cambio, mirando las encuestas ciudadanas resulta que el  asunto es preocupante pero no urgente. Y así nos luce la contradicción, claro. En los últimos días se está volviendo a hablar con insistencia del asunto a partir de los planes de revisión del sistema presentados por el ministro Gallardón. Pero también por la sentencias por la muerte y desaparición de Marta del Castillo; por la no culpavilidad decidida por un jurado popular para el expresidente Camps; por el indulto entre rejas del recluso más antiguo, o por los procesos al juez  Garzón, que no entiende la lógica de la calle; como tampoco la demora eterna de los procesos o los pleitos disparatados.

Dicen los que entienden que no haría falta mucho para que se notara un cambio revolucionario a mejor: con quitarle el polvo y las pelusas de muchos años de casta y puñeta al gremio, sustituir los manguitos por los ratones inalámbricos y aprovechar hasta la última coma el texto de las leyes encerradas en los códigos de pasta dura, se acortaría una barbaridad la distancia que ahora separan a los tribunales de la gente corriente. Y aun así seguiría sin ser suficiente para estar satisfechos del todo. Pero con ese margen de error ya se cuenta. Bien que lo sabe el desdichado Andrew Beckett, el abogado de la película Philadelphia marginado por sufrir sida, que durante el juicio confiesa por qué le gusta su trabajo: “Porque a veces, por un instante, puedo participar en el hecho de impartir justicia". Exactamente.