No es verdad que se puedan defender todas las ideas, en instituciones o fuera de ellas, con la única exigencia de que se haga por métodos pacíficos. Uno no puede negar o ensalzar el Holocausto nazi, el racismo, la pederastia, la explotación de inmigrantes o el canibalismo y alegar, cuando recibe la oportuna querella o la estruendosa denuncia social, que no practica lo que respalda teóricamente.

Pero no sólo se persiguen y castigan prácticas tan incuestionadas como las previas. Polonia proscribe el comunismo con la misma intensidad que el nazismo al entender que, si bien hay poca relación entre Marx y Bakunin y Stalin o Lenin, las atrocidades de éstos se legitimaron en las ideas de aquellos: confiere a la inspiración ideológica la condición de colaborador necesario de cualquier efecto distorsionado y violento; entendiendo que la única manera de evitar los estragos es cercenar sus orígenes.

Hungría, Letonia y Lituania, tres países masacrados en nombre de la hoz y el martillo y/o de la esvástica, también disponen de leyes abolicionistas del mismo tenor que vienen a entregar a esas ideas una responsabilidad decisiva en el auge y extensión de un terror que, sin ese combustible, jamás hubiera prendido tanto.

Es discutible, pero en todo caso ocurre que allá las mayores atrocidades se han cometido en nombre de ideologías, creencias e ideas; se extiende una cuarentena preventiva que no termina con la adaptación del discurso ni con el distanciamiento de los antecedentes ni, a menudo, con el rechazo más o menos frontal al pasado: ese indulto, siempre parcial, se concede en exclusiva al paso del tiempo. En todos esos países del Este europeo se da por descontado que los nuevos comunistas no intentan emular a sus antepasados políticos; pero se entiende también que la profundidad del daño y de las heridas requiere de precauciones, cautelas especiales y un exquisito respeto por las víctimas.

Es, para que nos entendamos, una lectura ética idéntica en lo humano a la mezcla de la  necesidad de juzgar a los criminales de guerra en Argentina o Chile con el impulso de España, aquí desgraciadamente con más interés político que ganas reales, de poner nombre a los cadáveres anónimos de las cunetas: si en el primer caso se ha aceptado que hace falta un tiempo para no dejar impune a ningún sátrapa sanguinario; en el segundo se ha asumido que la paz y el perdón son inviables mientras haya muertos sin lápida personalizada.

Martin Amis, siempre recomendable, resumía la confusión ante lo fácil con una frase achacada a Stalin que conviene no olvidar: “Un muerto es un drama; veinte millones una estadística”. Aquí tenemos muertos, ¿no?

No sería una locura aplicar la misma doctrina  política, jurídica y moral, pues, al nacionalismo téorico allá  donde se haya esgrimido como sustrato del terror y mucho menos a la manifestación directamente violenta de ese credo: se puede prohibir la articulación política del independentismo vasco, como el comunismo en Polonia o el nazismo en Alemania, durante el tiempo que sea menester –generalmente el que dure el dolor físico de sus víctimas y no sólo el histórico del conjunto de la sociedad-, sin tener que dar más explicaciones que las estrictamente necesarias en el Parlamento para lograr que algo tan de sentido común tenga las garantías jurídicas oportunas.

Sólo si negamos la mayor, instalamos luego a ETA y a lo que representa en la misma estantería de los movimientos genocidas más célebres y por último defendemos conceptualmente la persecución de las ideas que la articulan; podemos entender cuán peligroso es que se discuta siquiera sobre la probable concurrencia de una de sus siglas en las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales.

No hace falta sospechar de apaños subterráneos ni dudar de la buena fe del Gobierno ni elucubrar sobre la sinceridad, la amplitud o las intenciones de la vieja Batasuna para impedir que concurra a los comicios. Aun en el caso de que sea cierta –por estrategia o por necesidad, pero que cace ratones como el gato de Lao Tsé- su disposición a rechazar la violencia en el futuro; a Batasuna sólo hay que juzgarla por lo que ha hecho hasta ahora y no por lo que esté dispuesta a hacer en adelante.

No se puede haber sido nazi – dirigente de las SS, operario de Treblinka, conductor de trenes o cabecilla de la NSDAP; qué mas da el puesto y la jerarquía- hasta hoy y, sin dejar de serlo incluso, esperar condescendencia y comprensión por renunciar en adelante a la cámara de gas, con la boca pequeña, sin juzgar su uso pretérito.

Ninguna prueba al respecto de las intenciones reales de Batasuna y de ETA -si acaso tenemos siquiera la obligación de perder el tiempo en adivinarlas- sería mejor que constatar su reacción tras ver cómo se niega su presencia en las elecciones y se legisla lo que sea menester para mantener ese veto los próximos cuarenta años: el independentismo vasco tiene que saber –para evitarnos el recurrente espectáculo circense cada cuatro años- que dejar de matar no es una concesión canjeable por una pátina democrática inmediata; sino un requisito indispensable para ganarse una oportunidad de refundarse y volver a defender lo indefendible sin sonar a amenaza de muerte. Y eso lleva cuatro décadas.

Que por lo demás, para zafios de un lado y otro, sería la mejor manera –si no la única- de evitar que el terrorismo se convierta en una herramienta política: sentar unas bases duraderas, entregar a la siguiente generación la decisión de calibrar si nuestro nazismo en un horror cotidiano o de biblioteca y, en la medida de lo posible, mantener activa la lucha incansable contra las ideas que un día alimentaron al terror, que ya se sabe cómo las gasta el diablo y qué de tiempo libre tiene.